Carlos Jiménez, el sorprendido comprador, anoche, con su abogado, en la revolucionada parroquia del municipio de Ponte Caldelas FOTO: Ana

El propietario de la vivienda de Vilarchán que todo un vecindario quiere comprar para evitar que sea vendida a un matrimonio de etnia gitana mantiene su palabra para seguir negociando con esta pareja del conflictivo barrio de O Vao (Poio). Así se lo confirmó ayer el letrado mediador de la negociación.

Hace días que Carlos Jiménez y su esposa, María Dolores Jiménez, abonaron en una inmobiliaria de Pontevedra la cantidad de 2.000 euros como señal, por lo que recibieron un justificante que ahora el futuro propietario asegura haber perdido. No obstante, está convencido de que su falta no será un inconveniente para hacerse con la casa, ubicado en el campo de la fiesta.

"El dueño de la inmobiliaria dice que va a ser para mí, el propietario de la casa también dice que es para mí, todos están a mi favor" afirma Carlos Jiménez, que pide a los vecinos que le permitan vivir en ese lugar: "Soy una buena persona".

Este vecino de O Vao, que el próximo día 30 será desalojado, junto a otras 8 familias de su chabola por carecer de permiso municipal, no entiende la oposición del pueblo de Vilarchán, dispuesto a pagar por la vivienda hasta 241.000 euros. "Los gitanos son más formales que muchos payos. Estos roban, matan, atracan, violan niñas, lo que nunca hacen los gitanos", argumenta Carlos Jiménez.

Él está dispuesto a ir a Vilarchán y hablar con los vecinos para exponerles cuál es su actividad laboral, "la chatarra y las ferias donde vendemos tapetes, puntillas". De forma rotunda afirma que "no todos los gitanos venden droga", a lo que se dedican algunos "gamberros" del poblado. Niega, a pesar de las redadas, que lo haga el resto de sus habitantes. Y en su empeño de justificarse, cuenta que alguno de sus sobrinos fuma de vez en cuando un porro, pero "jamás consume cocaína". Junto al matrimonio viven una hija y dos sobrinos que pronto se irán.

Ayer, Carlos Jiménez pidió al alcalde de Poio que le adelante el dinero prometido por su terreno, 120.000 euros, para adquirir la vivienda, para lo que pedirán una hipoteca.