La vuelta de las vacaciones no ha dejado nada en el olvido y ayer de nuevo volvía al Parlamento el desencuentro que enfrenta a Gobierno y oposición en torno al decreto que regula el gallego en la enseñanza. Después de que por la mañana el nacionalista Suárez Canal achacase a los populares el "exterminio" de la lengua gallega, por la tarde el PPdeG dinamitó con sus votos una moción del BNG que precisamente defendía la aplicación en las aulas del decreto que Feijóo quiere anular.

Tanto socialistas como nacionalistas respaldaron con sus votos la iniciativa con la que pretendían convencer al grupo en el Gobierno de que el decreto que redactó el Bipartito en la anterior legislatura debe cumplirse para garantizar la "competencia plena" de los alumnos en el dominio del gallego. El argumento no convenció a los populares, que justificaron su rechazo en el respaldo que obtuvieron en las urnas y que les llevará a reformular la política lingüística de la Xunta antes de que acabe el año, según las previsiones del presidente Feijóo.

Carme Adán, desde las filas del BNG, se encargó de realizar la exposición de la moción y de responsabilizar a los populares de haber provocado un "disenso social absoluto" en los centros educativos. La diputada nacionalista defendió "unha escola integradora" en la que aplicar el modelo del 50 por ciento de las enseñanza en gallego se convierte en "marca de escola integradora". Adán recurrió también a las últimas declaraciones del presidente de la RAG, Xosé R. Barreiro, para cimentar el desacuerdo en torno a los proyectos de un Feijóo que, para el Grupo Socialista, se encarga de dirigir una política oculta.

Los socialistas se unieron a la defensa de la moción y echaron en cara al PPdeG su dependencia de las instrucciones dictadas por el PP de Madrid. Guillermo Meijón le recordó a la bancada del Gobierno que "cuando decían lo que pensaban" una de sus diputadas, Manuela López Besteiro, dijo que el decreto impulsado por el Bipartito garantizaba el equilibrio de las dos lenguas.

La constatación por parte del Valedor do Pobo, Benigno López del "importante número de quejas" en las que se denuncia el incumplimiento del decreto en el que se regula el uso del gallego y otros tantos particulares que presentaron denuncias en sentido contrario, dio pie al diputado nacionalista, Alfredo Suárez Canal para reclamar de la institución que actúe de oficio ante lo que calificó como "políticas de persecución e de exterminio da lingua galega" de las que responsabilizó al PP.

Durante el debate del informe del Valedor referido a 2008, Benigno López se pronunció en la Cámara a favor de hacer un esfuerzo conjunto entre políticos y ciudadanos para encontrar la "armonía" ante las posturas encontradas que "difícilmente contribuyen a la pacífica convivencia".

La petición de Suárez Canal al Valedor se basó en recordar que el gallego "está, sin ningún xénero de dudas en perigo" y que la legalidad establece que son los poderes públicos los que tienen que preservar el idioma llevando a cabo políticas de normalización. Este mismo argumento fue el que sirvió de hilo a la intervención del diputado socialista Francisco Cerviño, que repasó tanto la legislación vigente como varias sentencias en las que se pone de relieve la necesidad de que son los poderes públicos los que defiendan los derechos de los ciudadanos en esta materia.