Los familiares de los tripulantes del atunero 'Alakrana', que se encuentran secuestrados por piratas somalíes desde el pasado 2 de octubre, abandonaron esta tarde la Audiencia Nacional sin hacer declaraciones a los medios de comunicación, al considerar que el actual es "un momento muy delicado" para la resolución del conflicto.

Así lo indicaron Cristina Blach, hija del patrón del barco, y Argi Galbarriatu, hermana del capitán, que se reunieron durante poco más de media hora con el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, para solicitarle que la Audiencia Nacional adopte las medidas jurídicas necesarias para contribuir a la liberación de los marineros.

"Es un momento muy delicado, no podemos hacer declaraciones, tenéis que comprenderlo", señalaron las dos portavoces de las familias a su salida de la Audiencia Nacional cuando fueron interpeladas por más de una treintena de periodistas y cámaras de televisión que las persiguieron por la calle Génova de Madrid.

Juanes, que aceptó recibir a una delegación de las familias después de que éstas se lo pidieran, escuchó a sus dos interlocutoras, les explicó el procedimiento jurídico que el juez Santiago Pedraz instruye contra los dos presuntos corsarios detenidos y les dio ánimos confiando en una pronta resolución del secuestro.

Entrega a Somalia

Los familiares acudieron al encuentro con Juanes con la intención de preguntarle por la situación de los dos presuntos piratas que están encarcelados en España a la espera de juicio --Cabdiwelly Cabdullahi, alias 'Abdu Willy', y Raageggesey Hassan Haji--, así como las opciones jurídicas que existen para que sean devueltos a su país para cumplir allí la pena que les sea impuesta, tal y como solicitan los captores.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, les imputa indiciariamente a ambos 36 delitos de detención ilegal, asociación ilícita y robo con violencia y uso de armas.

La reunión se produjo después de que el abogado defensor de 'Abdu Willy', Francisco Javier Díaz Aparicio, propusiera que su cliente sea expulsado de España en un plazo de tres días al ser considerado cómplice y no autor de un delito de detención ilegal, al tiempo que aseguró que el fiscal "tiene las manos atadas y espera instrucciones de la Fiscalía General del Estado, que depende del Gobierno".

"Mi impresión es que el fiscal no tiene capacidad de decidir, poco más o menos que no tiene las manos libres para decidir", señaló el letrado tras reunirse con el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, a quien reclamó que proponga al juez Santiago Pedraz que ejecute la expulsión de los dos presuntos piratas somalíes apresados tras la captura del barco para facilitar la resolución del secuestro.