Galicia está lejos de consensuar un nuevo mapa de municipios

Norberto Uzal, a la izquierda, Antonio López, Luis Pousa, Francisco García, Xosé Crespo y Mar Barcón, durante el debate celebrado en el Hostal dos Reis Católicos FOTO: Antonio Hernández

El debate sobre la reforma de la administración local viene de lejos. Ya son más de cinco años en los que el Gobierno de España trabaja para sacar adelante una nueva legislación básica del régimen local, que dejará más margen de acción a las autonomías. La llamada segunda descentralización del Estado sigue siendo la asignatura pendiente y, entretanto, la hermana pequeña de las administraciones continúa en el cajón de los olvidos. Y en Galicia el problema se acentúa debido al actual modelo de financiación estatal -cuya reforma se promete para el próximo año-, puesto que resulta "discriminatorio" para los concellos gallegos, al utilizar como base para el reparto de los recursos los parámetros de población y fiscalidad.

Así lo pusieron de manifiesto los invitados a un nuevo debate organizado por el Grupo Correo Gallego y moderado por Luis Pousa. Al compostelano Hostal dos Reis Católicos acudieron para realizar una radiografía crítica de la grave situación financiera que atraviesa la administración local y la conveniencia de racionalizar el mapa municipal gallego el conselleiro maior del Consello de Contas, Antonio López; el director xeral de Administración Local de la Xunta de Galicia, Norberto Uzal; la viceportavoz del Grupo Parlamentario del PSdeG en la Cámara gallega y secretaria de política nunicipal del Partido Socialista, Mar Barcón; el alcalde popular de Lalín, ex presidente de la Fegamp y promotor del debate sobre la fusión municipal en Galicia, Xosé Crespo; y el regidor nacionalista de Allariz y vicepresidente segundo de la Fegamp, Francisco García. Todos estos expertos tienen claro que la pérdida de población junto con la adversa situación económica -que hace que los ayuntamientos vean mermadas sus propias capacidades recaudatorias y reducidos los fondos que perciben a través del actual modelo de financiación del Estado- obliga necesariamente a buscar formas de agrupación que hagan viable la prestación de servicios, especialmente en el caso de los concellos más pequeños.

No obstante, la fórmula de la fusión no termina de calar en el diseño de un nuevo mapa municipal en Galicia. En general, los alcaldes son muy reticentes a esta solución -aplicada en buena parte de los países europeos de nuestro entorno-, basándose incluso en el localismo de los propios vecinos, y convencidos de que no verían con buenos ojos este proceso. También la clase política, en general, busca otros modelos de asociacionismo municipal, inclinándose por las mancomunidades y los consorcios como medida para la racionalización de los costes en la prestación de servicios.

Paradógicamente, ha sido precisamente un regidor, el popular Xosé Crespo, al frente del Concello de Lalín, el abanderado de la fusión municipal, que levantó no pocas ampollas cuando lanzó en 2004 su propuesta siendo presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Hoy sigue apostando por la fusión como la mejor fórmula para garantizar una prestación de servicios de calidad y a la altura del siglo XXI.

En este escenario, el Ejecutivo gallego confía en que Madrid haga sus deberes para que, seguidamente, Galicia pueda redactar una nueva ley de administración local en esta legislatura, que será aprovechada para introducir medidas que fomenten la fusión, aunque siempre desde una concepción voluntaria de adhesión, según expuso Norberto Uzal.

Desde el PSdeG, Mar Barcón destacó que la apuesta pasa por otras muchas fórmulas de agrupación más realistas en las que se puede avanzar, y Francisco García, el alcalde nacionalista de Allariz, incidió en que la racionalización de la administración local pasa por revisar el modelo porque, a su juicio, las diputaciones no tienen lógica. Además, dudó de que la conversión de 10 concellos en uno vaya a redundar en ser más viables.

En todo caso, todos los participantes en el debate, incluido Antonio López, incidieron en que lo principal ahora es conseguir que el nuevo modelo de financiación local del Estado tenga en cuenta y con un peso importante la dispersión de la población, que es lo que en Galicia, junto con el envejecimiento, condiciona y dispara el coste real de la prestación de los servicios. Para el conselleiro maior del Consello de Contas lo más justo sería fijar el coste efectivo del servicio, pero es consciente de las dificultades que supone trasladarlo políticamente.

Sobre la mesa quedó además el debate sobre las dificultades de limitar las competencias entre las administraciones, así como el grado de exigencia de los vecinos hacia la administración local para solucionar sus problemas, por ser la más cercana. A la vista queda un largo recorrido para una reforma profunda.