Aquí no hay ningún punto de fricción: tanto la Administración gallega como los promotores eólicos gallegos y españoles coinciden en ver en el Registro de Preasignación que se inventó el Ministerio de Industria, incluido en el Real Decreto Ley 6/2009. Un "cajón de sastre", según la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que sin consultar al sector, servía para incluir además desde la solución al déficit tarifario eléctrico o creaba la tarifa social. Las reglas de juego que marcaba, según la patronal nacional, se convertían "de la noche a la mañana en un nuevo escollo administrativo".

Apenas llevaba un mes el nuevo titular de Economía e Industria en su puesto cuando vio la luz este nuevo requisito, y se encontró con que "los deberes estaban sin hacer " en la comunidad. Debemos recordar que otras comunidades como Castilla y León aprobaron en tiempo récord y casi en bloque varios miles de megavatios, que quedaron a sí preparados para entrar en el nuevo registro.

La Xunta se posicionó muy temprano en contra. Ya en el último foro del Grupo Correo Gallego, dedicado a las Energías Renovables y Cambio Climático, el director xeral Ángel Bernardo Tahoces había adelantado que propondrían impugnar este reparto orquestado desde Madrid, en el que se incluían muchos parques culminados o en construcción (casi 4.042 de los 6.389 MW totales a repartir), y pocas iniciativas de futuro: ergo, se dejaba tocada a la industria para los próximos ejercicios.

Por eso en la jornada de ayer tanto Guerra como Tahoces adelantaba a este periódico que el recurso contra este Registro de Pre-Asignación acaba de ver la luz, tras dejar los servicios jurídicos de la Xunta. Y mientras se conoce la decisión, "seguiremos trabajando en favor del desarrollo del sector, autorizando megavatios". Desde la patronal gallega EGA seguro que estarán satisfechos de esta decisión, al igual que en la nacional, que aborrece este parche. En el caso del canon, todo lo contrario, pero... ¿a quien le gusta pagar más impuestos?