Un vertido al río Lengüelle, en Cerceda, el pasado octubre de 2008 abría la caja de Pandora desatando las denuncias sobre anomalías en el funcionamiento de la planta de Sogama. El fuego cruzado de acusaciones políticas avivó las dudas razonables al respecto del funcionamiento de la instalación pública.

La investigación abierta a raíz del vertido, que provocó la muerte a unas 3.000 truchas en el curso del Lengüelle, en seguida apuntó a las instalaciones del vertedero de Areosa como origen del residuo líquido. En este vertedero confluyen junto a Sogama otras dos empresas -Danigal y Gesuga- que también acumulan desechos, en el primer caso de origen sanitario y, entre él, todas las medicinas caducadas que se recogen en España.

El pasado mes de enero, la Consellería de Medio Ambiente, en ese momento dirigida por los socialistas, a través de un informe elaborado por su ente autónomo Aguas de Galicia, constataba que el citado vertido provenía de Sogama. Así, se abrió la puerta a un posible delito de contaminación continuado, que actualmente está siendo investigado por el Seprona y sobre el que todavía no han dictado sentencia los tribunales.

Levantar las alfombras

A lo largo de todo este proceso, Gobierno y oposición, que intercambiaron papeles tras las elecciones autonómicas del 1-M, convirtieron la gestión de los residuos en una guerra política.

El último capítulo se escribió ayer. La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, negó en una nota de prensa que hubiera dado su autorización a la compra de la sede de Sogama, en Santiago, dado que "hace dos años" que no pertenece a su consejo de administración. Así contestó al PSdeG, que el día anterior aseguró que la conselleira certificara la compra en calidad de interventora general. Añadió que "consta en el acta" que "no participó en esta decisión", ni asistió a esa reunión el 27 de abril del año 2006 y señaló que en la convocatoria del consejo "no se incluía en el orden del día" ese acuerdo.

El comunicado de la Xunta señaló además que cuando se dio cuenta al consejo de administración de formalización de la compra, por un millón de euros, la actual conselleira de Facenda "ya renunciara a ser miembro" y así se reflejó en el acta.

No faltó tiempo para que la secretaria de medioambiente del PSdeG, Carmen Gallego, expresara el "estupor" de los socialistas respecto a las "mentiras" de la Xunta, a la que acusó de usar su web "coma se fora a páxina web do PP". Gallego reiteró que la conselleira de Facenda era miembro de Sogama cuando se autorizó la compra de unas nuevas oficinas. Señaló que en la reunión del 22 de junio de 2006 se informó a todos los miembros del Consejo, entre ellos Fernández Currás. El PSdeG solicitó la comparecencia parlamentaria del conselleiro de Medio Ambiente, la documentación sobre contrataciones adjudicadas en su día al hijo del ex conselleiro de Sanidade Hernández Cochón y una interpelación sobre el coste de la consultora Idom, que audita Sogama y dirige, según los socialistas, el primo de Alfonso Rueda.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Antonio Rodríguez Miranda, denunció que el bipartito "gozaba dilapidando diñeiro público na compra de locais, nas súas reformas e, sobre todo, en amoblalos". Advirtió de que a sede de Sogama revelará novos casos de malgasto que avergonzarán a Manuel Vázquez .