El gran logro de los socialistas en el primer debate del estado de la Autonomía con Feijóo al frente de la Xunta fue obtener el apoyo unánime a su propuesta para impulsar un programa de reactivación económica y de empleo en este periodo de sesiones y mediante el oportuno instrumento parlamentario.

La iniciativa incluye la encomienda a la Xunta de aprobar y presentar en el Parlamento en el plazo de un mes un plan de impulso de licitación de la obra pública, que comprenda "cuando menos la cantidad de 1.300 millones de euros en este año.

Contempla además, el diseño de un plan de lucha contra el fraude fiscal, que garantice el control de las actividades sujetas a impuestos, tasas y precios públicos de competencia autonómica en colaboración con la Agencia Tributaria. Pero además, los tres grupos con representación en la Cámara acordaron instar al Gobierno de Feijóo a aprobar en el año en curso el proyecto de ley de la agencia tributaria de Galicia.

El acuerdo se extendió también a revisar los criterios de asignación de los proyectos de obras a la Sociedade Pública de Investimentos.

La preocupación por la cuestión demográfica permitió cerrar una transacción entre populares y socialistas (aunque con el rechazo del BNG for falta de concreción), que posibilitará crear una comisión parlamentaria no permanente de estudio. El fin será elaborar una propuesta de pacto por el rejuvenecimiento de Galicia, que incluya medidas a aplicar a corto, medio y largo plazo que culmine con la revitalización de la población gallega, que actualmente es una de las más envejecidas del Estado.

El grupo que apoya al Gobierno también consiguió llegar a acuerdos con su propuesta relativa a la racionalización del gasto público y la promoción de la eficacia en el ámbito de la Administración institucional. Así, antes de que concluya el próximo mes de septiembre, el Ejecutivo gallego tendrá que remitir al Parlamento el proyecto de ley del Gobierno y da Administración Pública, que significará la reforma de la actual Lei da Xunta de Galicia e da súa Presidencia. Además, deberá elaborar un segundo proyecto de Lei de Entidades Instrumentais para establecer un modelo eficiente para la denominada administración parelela, que en estos momentos está siendo evaluada. Precisamente, el punto tercero de la transacción insta a la Xunta a concluir este análisis con el objetivo de alcanzar su redimensionamiento.