Vista aérea, en primer plano, de parte del núcleo urbano y el puerto de la localidad pontevedresa costera de A Guarda y en el centro, el monte de Santa Tegra

La revisión legislativa que llevará a cabo el Gobierno de Feijóo a lo largo de esta legislatura entrará de lleno en todas las cuestiones relacionadas con la ordenación del territorio. El nuevo Gobierno popular proyecta un giro en positivo que fragüe una nueva política urbanística, de calidad, y que termine con la inseguridad jurídica derivada de los sucesivos cambios normativos introducidos por los distintos ejecutivos aunque, paradójicamente, para ello elaborará una nueva Lei do Solo.

El compromiso de la Xunta es compatibilizar el desarrollo y la protección del territorio y ya ha dado el primer paso de la mano del proyecto de ley consensuado con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) que reformará el 20 por ciento de la actual Lei do Solo para desbloquear la construcción en las zonas del rural.

La asignatura pendiente, sin que exista una legislación propia, está en el litoral, lo que ha ocasionado que el gabinete de Feijóo decidiera prorrogar a su llegada a la Xunta la Lei de Medidas Urxentes en esta materia elaborada por el anterior Gobierno bipartito, y con ella establecer la continuidad de la prohibición de construir a 500 metros de la costa en todo el litoral de la comunidad, algo que solo se levantará con la entrada en vigor del plan de ordenación del litoral.

El actual Gobierno comprometió presentar en el Parlamento este plan antes de que concluya el actual periodo de sesiones, y aunque todavía no ha sido redactado, ya ha sido esbozado para medio centenar de concellos. Los técnicos de la Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe, departamento dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, ya han visitado hasta el día de hoy 50 del total de los 89 concellos costeros afectados. De esta forma, a pie de costa, ya han identificado las zonas de protección en cada uno de esos municipios, de manera que están en condiciones de ordenar los distintos aprovechamientos urbanísticos en cada área.

La Consellería que dirige Agustín Hernández tiene claro que cada concello y cada tramo de la costa cuenta con características singulares, por lo que sus técnicos precisan gestionar estas especificidades para determinar criterios de protección y veto a la construcción y posibilidades de desarrollo urbanístico y así continuar el proceso de elaboración del plan del litoral.

En todo caso, la nueva normativa distribuye la costa de Galicia en siete áreas para definir a su protección, que son: A Mariña lucense, las Rías Altas, el golfo Ártabro, el arco de Bergantiños, la Costa da Morte, las Rías Baixas y la costa sur. Esta clasificación se establece en función de las similitudes respecto al trazado orográfico y de ocupación del territorio, teniendo en cuenta la presión urbanística.

El plan del litoral, del que se dispondrá de un borrador este mismo año, permitirá y limitará los usos urbanísticos de la costa teniendo como punto de referencia las zonas de protección ya establecidas. En cada una de ellas se aplicará las restricciones urbanísticas necesarias para preservar el territorio, que en algunos puntos podrán alcanzar los 500 metros delimitados en el frenazo al avance del ladrillo establecidos durante el Gobierno bipartito, pero en otros se podrán reducir de forma considerable.

La Xunta se fija como objetivo aplicar las restricciones urbanísticas necesarias en cada área con la finalidad de preservar el territorio, y detener el avance de la ocupación indiscriminada de la costa. La Administración autonómica considera que el crecimiento urbano sigue siendo necesario, pero que debe responder a un modelo de desarrollo equilibrado y sostenible.

En este sentido, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras apunta como una de sus metas el evitar una radical transformación del territorio y el paisaje del litoral, concebido como un punto de identidad de Galicia.

Las previsiones de la Xunta apuntan a que la documentación del plan del litoral será entregada a los municipios en la segunda quincena del próximo mes de diciembre y, posteriormente, presentará un avance de la planificación. Los concellos afectados contarán con un plazo de dos meses para enviar las sugerencias precisas. El departamento de Agustín Hernández aprovechará la labor del anterior Ejecutivo autonómico a este respecto utilizando el documento de inicio de la evaluación ambiental estratégica activado por su antecesora en el cargo, la socialista María José Caride.

Al igual que en el resto de las normas que afectan al ordenamiento del territorio y urbanístico -como las Directrices do Territorio, Normas do Hábitat y Lei do Solo-, la Administración autonómica buscará la complicidad del municipalismo gallego .

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