Encarrilar el futuro del mapa financiero gallego pivota en estos momentos sobre dos agendas paralelas en las que el objetivo final se centra en alcanzar el consenso. En una de ellas se mantiene la incógnita sobre el resultado final mientras que en la otra el acuerdo político previo imprime velocidades de vértigo. En la primera de ellas el presidente Feijóo cierra hoy su ronda de contactos con la reunión en la que ha convocado a los sindicatos mientras mantiene sus previsiones de poder dar a conocer la postura oficial del Gobierno gallego ante una supuesta fusión de las dos cajas gallegas.

En un segundo nivel se desarrollan las reuniones técnicas en las que la Consellería de Facenda interviene como árbitro en el cruce de datos técnicos con los que cuentan tanto la Administración como las propias entidades financieras. Pero es en el plano legislativo donde se han acelerado los plazos para la reforma de la la Ley de Cajas a la que Feijóo imprimió velocidad para sorpresa de sus propios diputados, que se enteraban de que tenían que apoyar la iniciativa del Bloque al mismo tiempo que el resto de la Cámara gallega. Ese ritmo acelerado continúa y ya ni siquiera será necesario habilitar el mes de enero para consumar la reforma legislativa como propuso Feijóo. Los tres grupos con representación parlamentaria han acordado ya la celebración el próximo 30 de diciembre de un pleno extraordinario para aprobar la reforma de la Ley de Cajas gallega. Feijóo no quiso ayer adelantar cuáles son las expectativas de los populares en cuanto al peso que demandan para la Xunta en los consejos de administración de las cajas.

El presidente tan solo adelantó que su propuesta permitirá a las cajas gallegas "seguir siendo de las "menos politizadas" de España, donde la Generalitat cuenta con un 25% de representación o la Junta de Andalucía con un 15%. Para Feijóo esa presencia "ponderada y medida" es fundamental para garantizar que la Xunta pueda tener "opinión en las decisiones estratégicas" de las cajas sobre las que hasta ahora solo cuenta con el tutelaje y el derecho a veto en casos muy determinados.

El presidente rehuyó ayer valorar la propuesta de los socialistas gallegos para resolver la situación financiera con la creación de un SIP entre Caixa Galicia y Caixanova y que ya adelanta que la unidad de las tres fuerzas políticas gallegas no tiene visos de confirmarse en el plano estrictamente político. Feijóo descartó realizar juicios de valor porque entiende que "el protocolo de actuación del Gobierno en este momento debe ser la lealtad con las fuerzas políticas".

Lo que sí comentó fueron las apreciaciones negativas del ex presidente Aznar sobre la participación política en las cajas que calificó con un lacónico "interesantes" para añadir que él defiende los intereses de Galicia como antes lo hizo Aznar como presidente de Castilla-León.