Antenas de telefonía móvil perfilándose contra el cielo de Canido: una de las siete estaciones con las que cuenta este barrio ferrolano

Eléctricos sky lines despuntan en el panorama urbano gallego. En nuevos horizontes de metal, las antenas de telefonía móvil se convierten en reconocibles gigantes entre las torres de viviendas. Un peaje del progreso y de la comunicación. Pero también un aguijonazo para las pesadillas de los vecinos. Por toda Galicia, se han creado colectivos de afectados: denuncian una "posible relación entre la instalación de las antenas ilegales y sin protección y un mayor número de tumores en la zona". Y luchan hasta las más altas instancias "para una mayor preservación de la salud ciudadana".

Sólo con un pequeño barrido por la geografía gallega, localizaremos numerosos puntos alarmados "por la contaminación electromagnética". En la pontevedresa parroquia de Santa Lucía de Moraña se colocaron tres antenas y un transformador. Según los afectados, "hay 57 casos de cáncer en el centro urbano, se pidió un estudio epidemiológico a la Xunta de Galicia y las antenas no tienen licencia de actividad clasificada". Los vecinos molestos por estas instalaciones siempre batallarán en tres campos: el urbanístico por la falta de permisos, el judicial y el sanitario. En Vilaboa, municipio de Pontevedra, los afectados también hablan de "ocho casos de cáncer cerca de las antenas". Este Ayuntamiento trabaja en una ordenanza restrictiva, pendiente de aprobación plenaria.

La desazón poblacional

En archipiélago del dolor, muchos gallegos se asociaron para denunciar las instalaciones ilegales en medio de cascos urbanos. En Portonovo (Sanxenxo) se recogieron firmas "informando sobre más de 37 casos de cáncer, incluso en niños de corta edad, en el entorno de cinco antenas de telefonía". Con frecuencia los barrios no sólo presentan denuncias ante el ayuntamiento o juzgados, sino que también reclaman a la Xunta estudios epidemiológicos. Residentes en el barrio vigués de Valladares recuerdan "los 18 muertos de cáncer en un radio de 300 metros con respecto a las antenas".

La última reclamación se eleva en forma de carta de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética al presidente ZP: "El estudio Reflex financiado por la UE concluía que las radiofrecuencias producían rotura del ADN, desde entonces dejó de financiarse dicho informe".

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