Alea jacta est. La suerte está echada en la Lei de Caixas de Aforros de Galicia, pues, según comunicó ayer el Partido Popular, se ha cerrado en el Parlamento el informe de la ponencia para su reforma. La norma exprés no ha podido ser frenada por un PSdeG que todavía espera modificar aspectos fundamentales mañana lunes. "Las distancias se agrandaron, y las distancias son insalvables", y por eso mantendrán vivas todas sus enmiendas para la comisión y el pleno. Pese a que las fuentes socialistas detallaron que no hubo acuerdo en lo esencial, sino solo en aspectos técnicos, Partido Popular y Bloque sí encontraron un terreno común, aunque fuera con la ley de cajas vigente de base, y no con el proyecto de ley del BNG.

Una de las cuestiones que sale adelante y que más ampollas levanta entre el sector financiero está en el artículo 65. Si antaño se daba la posibilidad o potestad a la Consellería con competencias sobre las cajas -en la actualidad Facenda- de requerir a las entidades autorización previa a la hora de realizar "inversiones directas o indirectas en cualquier clase de activos", así como para asumir grandes créditos o "concentrar riesgos sobre una persona o grupo", ahora tendrá que hacerlo obligatoriamente. Vamos, por ley. En círculos financieros temen que se acote aquí, aún más, cuestiones profesionales y autonomía.

En cuanto a la obra social, PP y Bloque volvieron a hacer un frente común, de manera que Facenda pueda coordinar incluso las inversiones en políticas de apoyo a la sociedad y la cultura de las entidades, no solo las gallegas -a las que se fijará el porcentaje de beneficios a destinar-, sino todas las que operan dentro de su territorio. La obligación para estas financieras sería la de invertir un porcentaje de los ingresos que captan en la comunidad autónoma. Los socialistas volvieron a desmarcarse de esta entente, pues consideran que implica una "intervención excesiva", y que bastaría una orientación y evaluación.

Populares y nacionalistas coincidieron también en una visión común en su propuesta sobre la renovación de los órganos de gobierno. El BNG, que inicialmente planteaba que se produjese en el plazo de un año, se avino a los dos meses que propone el PP. "Si el 31 de diciembre aparece la ley en el DOG, el 1 de marzo -según el PP- las asambleas y consejos tendrían que haber sido renovados", señala el grupo mayoritario en la Cámara. Los socialistas mostraron su total desacuerdo. En la elección de los órganos de dirección se acordó que un 20% de los representantes sean elegidos por el Parlamento, y otro tanto por los concellos, posición que no comparten los socialistas, respecto a la elección de miembros representantes de los impositores.

Populares, nacionalistas y socialistas coincidían ayer en el refuerzo de la capacidad de veto de la Xunta sobre cualquier operación o alianza realizada con cajas de fuera de Galicia.

Donde también encontraron una posición común el PSdeG y el PP fue en el artículo 45, relativo al director general. Según el acuerdo alcanzado entre ambos, el cese de este profesional se producirá a los 70 años. El Bloque no está de acuerdo, y mantiene su reserva de voto. Considera que el director general es un empleado de la caja, y no un cargo electo, y debe jubilarse a los 65.

Garantizar la independencia

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) aprovechaba ayer su presencia en un acto en Lugo para abogar por una ley de cajas no intervencionista. "Debe ser una ley que permita la buena marcha de la nueva entidad que va a crecer. Nosotros los empresarios somos normalmente liberales y queremos pocas intervenciones", concluyó. Este discurso se sumó ayer a las palabras de José Blanco, número dos del PSOE y ministro de Fomento, que desde Galicia instó a no poner piedras políticas en las ruedas de molino de las cajas. Como en su día pidió también Mariano Rajoy, líder del Partido Popular.

Corina Porro y Julio Fernández Gayoso

¿Hablarán de finanzas?. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo, Corina Porro,charla con el presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, durante la visita del ministro de Fomento, José Blanco, a las obras de la nueva estación provisional de tren que se construirá en el Arenal por culpa de las obras del AVE. Allí también estaba el alcalde de la ciudad olívica, el socialista Abel Caballero