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Estado en las autonomías

JOSÉ LUIS BÉRTOLO RODRÍGUEZ.   | 12.11.2017 
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En el proceso de configuración de las Autonomías regionales en España, que abrió la Constitución de 1978, a falta de un modelo conocido, se fueron adoptando estructuras que son más propias de un Estado soberano: Cámaras legislativas, policías integrales, delegaciones internacionales, abundancia de funcionarios y empleados públicos, así como un gasto público sin límite. Todo ello, agravado por los frecuentes cambalaches de los partidos, que dieron lugar a que algunas, singularmente Cataluña y el País Vasco, poco a poco consiguieran la retirada de sus territorios de piezas fundamentales de un Estado soberano. En el vacío producido, se fueron asentando sobre todo los grupos nacionalistas, tan ambiciosos de Poder, que no solamente querían ser imitadores del paradigma estatal, sino convertir su territorio en Estado soberano absolutista y excluyente, con arrogantes ínfulas imperialistas: Cataluña pretendiendo extenderse a los que considera "països catalans" y el País Vasco anexionarse Navarra.

Ante tan desquiciada deriva autonomista, se han alzado voces que reclaman una vuelta al centralismo del Estado y a un recorte drástico de las competencias regionales. Pero el regionalismo político, cabalmente entendido, no tiene marcha atrás. Forma parte de la Constitución histórica de España. No es el momento de enumerar todos los males causados por confundir la unidad constitucional con la centralización y concentración del poder político. Pero pese a todos los abusos, cuyas consecuencias lamentamos estos días, las posibilidades de profundizar en el desarrollo autonómica permanecen inéditas y, al propio tiempo, también en el establecimiento de una verdadera unidad política de la nación, en la armonía de sus componentes, en un Estado soberano garante del despliegue autonómico.

La vigente Constitución, más condicionada por el orden político anterior de lo que sus autores pensaron, aunque establece en su Título VIII un régimen de autonomía, no ha conseguido superar suficientemente la vieja estructura centralista del Estado. Las competencias transferidas, desarticuladas de una unidad de la que dependían, y donde el poder económico y presupuestario sigue en parte retenido, aparecen excesivamente condicionadas por minuciosas regulaciones de bases que no derivan de la Constitución misma. El régimen representativo mantiene como circunscripción electoral la provincial, sin reconocer representación directa a las regiones. Y el gasto público total no acaba de conseguir un reparto satisfactorio.

Si nos preguntamos por los límites deseables de la extensión del Estado en el ámbito de las regiones, que permita superar la aparente aporía Estado versus Regiones, de la que algunos solo hallan salida en el Estado federal, la respuesta nos parece elemental, y nos lleva hasta las mismas raíces del Estado moderno: la Legislación, la Justicia, el Ejército, la Policía y la Hacienda general, compatible, esta última, con las regionales, incluidas las de pacto económico y las forales. No hay ningún problema con la extensión del régimen de Convenio a todas las regiones, siempre que lo deseen y se garantice la financiación del Estado y un fondo de solidaridad. Todo lo demás, dejando ahora al margen los aspectos referentes a la necesaria coordinación y a la Alta Inspección, son competencias que en el espacio autonómico no debe retener el Estado y resultaría procedente su cesión, para -entre otras razones- evitar duplicidades y hacer posible políticas regionales de carácter integral.

Es contradictorio decir que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y, al mismo tiempo, atribuir potestades legislativas a los Parlamentos regionales, pues dictar leyes es atributo de la soberanía. Lo cual no quiere decir que no puedan darse leyes privativas, forales, en la terminología tradicional, pero precisan la conformidad de las Cortes Generales. Entre otras cosas, el grave problema catalán no se hubiera producido sin esa competencia legislativa. La Justicia tiene que ajustarse al principio de unidad jurisdiccional. No caben tribunales al margen, ni siquiera el Tribunal Constitucional. Además, las leyes en abstracto no pueden ser objeto de un juicio procesal, por lo que se impone el llamado control difuso de constitucionalidad. La Seguridad Pública es competencia exclusiva del Estado. La dejación de esa competencia en manos de policías autonómicas, ya estamos viendo a donde nos puede llevar. El Ejército es garante de la unidad e integridad territorial, siendo necesaria su presencia en todas las regiones. Además del servicio de las armas, debe asumir la Protección Civil general, como lo pone de manifiesto el terrorismo incendiario que nos asola y otras catástrofes ecológicas. Y necesitamos una Hacienda General con recursos propios, que en parte pueden ser recibidos de las Autonomías, lo que llamamos el cupo.

Naturalmente que todo lo anterior presupone el entendimiento de que las instituciones del Estado no son algo que se impone e instala en las regiones como venido de fuera, sino que constituyen dimensiones comunes de las mismas. Son Estado en las Autonomías. Como contrapunto, la configuración de ese Estado común demanda la presencia de las Autonomías como tales en el Estado, cuestión que constituye uno de los nudos gordianos de nuestro orden constitucional, y exige lógicamente que la representación en Cortes Generales sea autonómica en un alto porcentaje.

Pero al hablar del Estado común, ¿a qué tipo de Estado nos estamos refiriendo? ¿Acaso un Estado de partido o partidos en el que ha venido a parar nuestro orden constitucional? Los partidos políticos son grupos en la sociedad y no pueden pretender ser grupos en el Estado. El encuadramiento ideológico de la ciudadanía, tan caro a los partidos, y que divide a los pueblos, es más propio del siglo XIX. España es políticamente, como nación -lo de nación de naciones es ocurrencia de algún diletante-, una sin par formación histórica de distintos reinos, pueblos y culturas, unidos en la Constitución de una sola Monarquía. Nuestra forma política es la Monarquía, dice la Constitución, aunque luego no deduce las consecuencias precisas.