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En jaque cien empresas del mar por cambio de reglas en la costa

Dos consellerías alertan de que la modificación que promueve el Gobierno central amenaza a actividades en dominio público marítimo-terrestre // Alteraría el plazo de la concesión extra de 75 años, al contar desde el inicio de la misma

Por la izqda., Dieste, Ángeles Vázquez, Rosa Quintana, Roberto Fariña y Joaquín Outeiral, ayer en Boiro - FOTO: Suso Souto
Por la izqda., Dieste, Ángeles Vázquez, Rosa Quintana, Roberto Fariña y Joaquín Outeiral, ayer en Boiro - FOTO: Suso Souto

SUSO SOUTO   | 06.04.2019 
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Las conselleiras de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y de Mar, Rosa Quintana, eligieron ayer una empresa de mariscos de Boiro (Joyfra) para denunciar que la modificación del reglamento de la Ley de Costas "que o Goberno central está a tramitar pola porta de atrás e de xeito arbitrario", según indicaron, deja en situación de peligro e inseguridad jurídica a más de cien empresas y equipamientos públicos (conserveras, instalaciones de acuicultura y depuradoras y cocederos de moluscos) que se sitúan en dominio público marítimo-terrestre.

El cambio que promueve el Ministerio para la Transición Ecológica "contravén o previsto nunha norma con rango de lei, ao pretender que o período concesional extraordinario establecido en 75 anos deberá contabilizarse desde o prazo inicial da concesión, e non desde o ano no que foi tramitada a renovación da mesma", indicó Ángeles Vázquez.

Por otra parte, recordó que esa legislación, en su exposición de motivos, recoge que la naturaleza de la ampliación excepcional es dar respuesta a la extinción de las autorizaciones que expiraron en 2018, por lo que, con carácter general, el tiempo máximo del aplazamiento extraordinario se fijó en 75 años para hacerla coincidir con el nuevo otorgamiento máximo que se podrá hacer, a fin de estabilizar derechos en un tramo temporal semejante.

También lamentó que el Estado "emplee esta manobra para intentar xustificar decisións como allanarse nos procedementos abertos en relación á prórroga de Ence, pois non afecta só á pasteira, senón que pon en perigo a moitas outras empresas que día a día traballan en Galicia, como son conserveiras, e tamén aos equipamentos públicos, como centros educativos e de saúde".

 


INVIABILIDAD. Por su parte, Rosa Quintana propuso que, a fin de evitar la afectación a las empresas, "no prazo máximo de duración das concesións se teñan en conta unicamente as prórrogas" e incidió en que "non ten sentido volver revisar as iniciais cando se tramita que se pospoñan". Además, advirtió que sacar ciertas actividades de dicho ámbito litoral "pode facelas non rendibles e, polo tanto, inviables". "Un cambio arbitrario e que vai contra a lexislación vixente implicará fortes impactos económicos na Comunidade, non só nas 5.000 familias que directa ou indirectamente dependen de Ence, senón tamén daqueles que operan en dominio público", añadió al respecto.

Ambas dirigentes estuvieron acompañadas del alcalde de la localidad, Juan José Dieste Ortigueira; del gerente de la mencionada planta boirense, Joaquín Outeiral; y del presidente de la Asociación Galega de Depuradores (Agade), Roberto Fariña.

LA PROTAGONISTA 

Rosa Quintana Conselleira de Mar "defendemos a seguridade xurídica"

El Gobierno gallego ya presentó alegaciones, en las que solicita que se mantengan los criterios y condiciones que se tuvieron en cuenta en el momento de otorgar los permisos de ocupación. La conselleira de Mar, Rosa Quintana, indicó que "a Xunta defende ante todo o principio de seguridade xurídica para que os afectados non dependan de cambios arbitrarios na lexislación que poden poñer en risco a súa actividade". Por eso, insistió en la necesidad de definir un escenario "claro e preciso" en el que las empresas y entidades asociativas de productores del sector puedan continuar trabajando con normalidad. Añadió que "xa se ten solicitada a ampliación do prazo para a presentación de alegacións, que debería ser dun mes ou de quince días no caso de xustificar a urxencia, cuestión que o Goberno central non acreditou".

{ LA LETRA PEQUEÑA }

Conviene anclar un rato NO HAY NADA más temerario para un ámbito productivo estratégico que los cambios de escenario jurídico hechos a prisa, sin consenso y de espaldas a los afectados. El modo en el que se está tramitando la modificación del reglamento de la Ley de Costas, dando sólo siete días hábiles para presentar alegaciones y reduciendo a 10 días naturales el período de información pública, demuestra que hay prisa. Y la hay, otra vez, con el sector del mar. Una urgencia que, por cierto, el Gobierno estatal aún no ha justificado. Una vez más, están en juego miles de puestos de trabajo de una serie de actividades empresariales en cadena. Conviene anclar un rato. SUSO SOUTO