Gobierno y rectores evalúan el coste de la cotización obligatoria de las prácticas académicas

El Gobierno y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) se reúnen este miércoles para evaluar el coste estimado que tendrá la cotización obligatoria a la Seguridad Social de las prácticas académicas aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a finales del año pasado.

El encuentro, que se celebrará en la sede del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, será una continuación de una primera reunión donde el Gobierno y la CRUE acordaron, el pasado 16 de enero, que la cotización de las prácticas externas universitarias no sea obligatoria antes del próximo curso académico 2019-2020.

Un acuerdo que se produjo después de que la CRUE reaccionara a la aprobación de esta medida, incluida en el Real Decreto Ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, calificándola de "sorpresiva" y "precipitada", advirtiendo además de que podía suponer "un grave problema económico difícilmente asumible para las universidades".

La reunión de este miércoles, que fue anunciada la semana pasada por el secretario general de Universidades, Juan Manuel Pingarrón, durante una comparecencia en el Congreso, se trata de un encuentro "técnico" donde los representantes del Gobierno y los rectores intentarán evaluar los costes que tendrá la cotización obligatoria de las prácticas, así como el número total de estudiantes a los que afectaría esta medida. Una cifra de la que actualmente sólo existen datos aproximados, según apuntan a Europa Press fuentes próximas a la negociación.

Por parte del Gobierno, asistirán a la reunión la secretaria de Estado de Universidades, Ángeles Heras, y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, mientras que la CRUE estará representada por su presidente y rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández, acompañado de otros rectores universitarios. A pesar de lo anunciado inicialmente por el Ejecutivo, no participarán representantes de los estudiantes.

Como avanzó la semana pasada el secretario general de Universidades, la reunión de este miércoles pretende encontrar una fórmula de prácticas que "no supongan un coste inasumible" para las universidades, ya que el Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 28 de diciembre dejaba la puerta abierta a que las universidades tuvieran que ocuparse de las cotizaciones de los estudiantes en prácticas, una medida que, ahora, el Gobierno debe desarrollar en un reglamento en un plazo de seis meses.

CELAÁ DISPUESTA A "CORREGIR" LA MEDIDA

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha comparecido este martes en el Congreso a petición del Partido Popular para explicar el impacto de esta medida, y allí ha manifestado su intención de "corregir" los efectos que pueda tener en estudiantes y centros educativos.

"Soy una de las personas que están afectadas con esta medida y estoy muy dispuesta a remar en la dirección de la corrección de esta medida", ha dicho la ministra después de calificar su comparecencia de "impropia" y "anticipatoria".

Además, ha reprochado al PP que no haya pedido esta información a su compañera de Ejecutivo Magdalena Valerio, que impulsó el texto que recoge esta polémica medida. "Deberían habérsela cursado al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social", han sido sus palabras.