Portos digitaliza el cobro de las tasas a los concellos «para evitar retrasos»
Ribeira, Muros, A Pobra y Camariñas solicitaron la exención del gravamen por usos privativos en las zonas portuarias

Imagen de archivo de un puesto de mercadillo en la zona portuaria de Ribeira. / Suso Souto
Los concellos de Ribeira, Muros, A Pobra y Camariñas han instado a la Xunta a dejar de aplicar los artículos 59, 60, 61, 62, 63 y 64 de la Lei 6/2017 de Portos de Galicia, que grava las actividades autorizadas a entidades locales y sin ánimo de lucro en el dominio público portuario. Una tasa que también cuestionan concellos como Porto do Son, Outes o Rianxo (aunque aún no pidieron la exención).
Por otra parte, no son pocos los alcaldes y alcaldesas que reclaman un mayor esfuerzo inversor de Portos de Galicia, al que recuerdan que asumen la limpieza de esas zonas portuarias.
Pero Portos no está por la labor de hacer dejación de funciones en el cobro de una tasa «orientada a la defensa de los profesionales del mar, bonificando los usos portuarios frente a otros de carácter lúdico, como la celebración de fiestas y eventos de ocio».
El ente público tramita más de 50.000 liquidaciones a usuarios cada año. En 2023 recaudó 175.155 euros por el uso privativo de suelo público portuario a doce concellos de la comarca compostelana, fundamentalmente por la celebración de mercadillos o fiestas y la instalación de atracciones feriales.
La mayor cuantía corresponde a Ribeira (51.314 €); le siguen Porto do Son (47.680 €), Ponteceso (15.143 €), Muxía (12.517 €), A Pobra do Caramiñal (11.704 €), Fisterra (11.112 €), Camariñas (8.275 €), Malpica (8.188 €), Muros (4.600 €), Boiro (2.686 €), Noia (1.033 €) y Outes (897 €). En los otros seis puertos autonómicos (Laxe, Corcubión, Cee, Dumbría, Carnota y Rianxo) no hay facturación de tasas, pues no se produce ocupación de terrenos portuarios.
Pero, aunque Portos no puede hacer pública su lista de morosidad, algunos concellos arrastran deudas por ese concepto. «El número de gestiones administrativas necesarias para procesar estas liquidaciones se vio multiplicado en los últimos ejercicios, entre otras razones, a consecuencia de las bonificaciones, aplazamientos y excepcionalidades vinculadas a las medidas excepcionales por la pandemia del covid. Esto dio lugar a retrasos indeseados que se están visibilizando actualmente, dado que usuarios que no recibieran liquidaciones en los últimos períodos (2022 y 2023) están recibiendo ahora los acumulados», indican desde el organismo autonómico.
En esta línea, Portos trabaja para resolver esta situación de morosidad «cuanto antes». Para ello prevé activar en breve una herramienta digital «que permitirá mejorar, automatizar y aligerar la tramitación de liquidaciones para solucionar estos retrasos y minimizar incidentes de este tipo».

El organismo autonómico responde: «No se puede dejar de aplicar una ley»
Algunos concellos, como el de Muros, han solicitado además a la Administración autonómica «la flexibilización del pago de las dos últimas anualidades por la utilización del dominio público portuario por parte de los concellos». Al respecto, Portos de Galicia recuerda que «la normativa de tasas contempla ya la flexibilización de las liquidaciones con diversas posibilidades, a solicitud del usuario: aplazamiento o fraccionamiento».
Pero, con respecto a la pretensión de eximir el pago de la tasa, advierte que «la Xunta no puede dejar de aplicar una ley». «De hecho, no tiene cabida desde una institución de representación ciudadana como es el pleno de un concello o de una diputación, o desde un partido político, instar a una administración pública a dejar de cumplir la legislación vigente».
«El ente público está obligado por las competencias encomendadas por la Comunidad Autónoma a preservar el uso portuario de los terrenos de su titularidad, primando en todo caso la actividad estrictamente portuaria y combinándola, de modo subsidiario, con el uso social tradicional de los espacios portuarios para las villas marítimas. De esta forma, Portos reconoce y respeta la concepción histórica de uso social de los puertos para las villas marineras, pero no puede dejar de priorizar los intereses del sector portuario, fundamentalmente de los hombres y mujeres que viven de la pesca, el marisqueo y la acuicultura», añaden deste dicho departamento.
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