Contas activa una auditoría «exprés» a la Mancomunidade Serra do Barbanza

El Consello de Contas de Galicia aprobó e informó al Parlamento de Galicia de la modificación de su Plan de Trabajo para 2025 con el objeto de incluir una auditoría «exprés» (con una duración máxima de 16 semanas) para abordar la situación de la Mancomunidade de Concellos Serra do Barbanza.

La auditoría se produce en un delicado momento en el que la actividad de la planta de tratamiento de residuos que la Mancomunidad tiene en Servia (Lousame) está en jaque por una normativa europea que no permite el sistema de gestión húmedo-seco que se viene aplicando en la planta. Pero delicado también en el aspecto económico, por cuanto la Mancomunidad debe hacer frente por mandato judicial a una deuda de más de 9 millones de euros que contrajo con la empresa concesionaria de las instalaciones de Servia (FCC).

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La justificación de la oportunidad de esta modificación del Plan de Trabajo del Consello, y el hecho de no retrasar su programación al Plan de Trabajo para el ejercicio de 2026, radica en la «relevancia de los indicios acumulados en relación con la situación de la Mancomunidad, así como en el cambio de modelo de financiación y gestión de residuos en marcha fruto de la plena aplicación de la Ley de residuos y suelos no contaminados, en virtud del cual se incorpora al ordenamiento interno la Directiva 2018/851/CE, que modifica la Directiva Marco de Residuos».

En concreto, el Consello de Contas plantea tres cuestiones a las que deberá dar respuesta la auditoría. La primera es si se están adoptando medidas para asegurar la continuidad de la prestación de servicios que configuran los fines estatutarios de la Mancomunidad.

La segunda tiene relación con la capacidad de la escombrera de la planta de Servia. Al respecto, dicho organismo quiere saber qué acciones se están tomando para solucionar el problema de la capacidad máxima alcanzada por el vertedero actual.

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Finalmente, el Consello de Contas quiere conocer si la financiación es suficiente para cubrir los costes y si la participación de los concellos integrados en la Mancomunidad (Brión, O Son, Noia, Lousame, Carnota y Muros, como socios de pleno derecho, y Pontecesures, Ames y Rois en concepto de clientes o adheridos) es equitativa y eficiente.

Las alarmas en el Consello saltaron "al detectarse indicios serios, como los problemas en la gestión de un servicio público fundamental (la recogida de basura) en un momento de cambio de modelo; la no rendición de cuentas; y la falta de transparencia en la información que publica la Mancomunidad", según pudo saber este diario.

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La media de una auditoría es de cuatro o cinco años, pero la de Serra do Barbanza es la segunda que se activa en base a un nuevo modelo de actuación, estableciendo un plazo máximo de 16 semanas.

La primera vez que se aplicó este modelo de auditoría exprés fue con motivo de la acogida de refugiados de Ucrania por parte de varios concellos. El objetivo de dicho modelo es claro: que las recomendaciones que el Consello formule tras la auditoría sirvan para algo, es decir, que las medidas correctoras que plantee lleguen a tiempo. 

Lo primero que hará el equipo de auditores (que aún está planificando el cronograma) es solicitar la documentación pertinente al presidente de turno de la entidad, Pablo Lago. Luego elaborarán un diagnóstico de la situación actual, para determinar cómo la Mancomunidad llegó a acumular la deuda que arrastra, a tener problemas de gestión (analizado cómo se tomaron las decisiones) y a verse inmersa en causas judiciales.

Luego harán una serie de recomendaciones con ánimo constructivo, y su informe se remitirá, como es preceptivo, al Tribunal de Cuentas. En caso de que se detectasen indicios de posibles responsabilidades penales, se remitiría también a la Fiscalía.

Lousame y Noia abogan por mantener el empleo en Servia

Los alcaldes de Lousame y Noia, dos de los concellos miembros de pleno derecho de la Mancomunidade Serra do Barbanza, abogan, como los de Muros, Porto do Son, Brión y Carnota, por adaptar la actividad de la planta de Servia para que pueda seguir funcionando sin contravenir la legislación europea y estatal, como ocurre ahora. «É unha planta que ten unha autorización ambiental, que dispón de terreos para poder levar a cabo outras actividades complementarias e hai que ver como se pode xestionar a partir de agora», señala el regidor noiés, Santiago Freire. Servia, dice, podría seguir ocupándose de la recogida, la gestión de residuos de la construcción o incorporar los puntos limpios, pero enviaría los rechazos (residuos que no pueden tratar) a las instalaciones de Sogama.

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Eso sí, para elaborar el plan de viabilidad es «fundamental» saber qué concellos dejarán de utilizar la planta, apunta la alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, y cuánto le tocará desembolsar a cada ayuntamiento.

Teresa Villaverde pedirá «compensaciones» para su concello si se aprueban unos nuevos estatutos

Si finalmente la planta resulta viable y se redactan unos nuevos estatutos, Villaverde pedirá «contraprestacións» para Lousame. «Deberon existir sempre», señala. Sería necesario también, puntualiza, dotar a la entidad de los recursos humanos necesarios para que pueda funcionar bien: «Unha Mancomunidade que está manexando máis de 10 millóns de euros non pode estar sen persoal administrativo».

La prioridad de ambos es, en todo caso, «manter os postos de traballo», aunque, como puntualiza Freire, «dimensionando el servicio de manera que sea viable económicamente».