El Gobierno de Noia denunciará ante la Fiscalía las facturas por consumiciones del grupo municipal del PP
El informe jurídico encargado por el Concello concluye que procede una querella criminal
Francisco Pérez, izqda., el día que tomó posesión como alcalde de Noia, recibiendo el bastón de mando de manos de Santiago Freire. / Suso Souto
El alcalde de Noia, Francisco Pérez, va a remitir a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas las facturas que el grupo municipal del PP cargó a las arcas municipales por consumiciones en bares y restaurantes bajo el mandato del exalcalde Santiago Freire (PP).
El regidor tiene ya en su poder el informe jurídico que solicitó sobre las facturas y tíckets que, con cargo a la asignación municipal anual, el PP cargó al Concello entre 2019 y 2024 por consumiciones en bares y restaurantes (algunas con militantes y simpatizantes del partido) y por otros conceptos (como papeletas para elecciones) que el Gobierno local entiende que no pueden considerarse gastos de funcionamiento del grupo municipal. Conceptos, que, en varias ocasiones, fueron objeto de reparos por parte del departamento de Intervención.
Así, por ejemplo, en el ejercicio de 2021 Intervención concluyó que el grupo municipal del PP solo habría justificado debidamente facturas por 3.410,78 euros, cuando recibió 7.200 euros «por lo que debería reintegrar la diferencia de considerarse no justificativos» los demás gastos.
El informe jurídico concluye que «ciertos gastos abonados por el grupo municipal del PP con cargo a las asignaciones de 2019 a 2024, ambos incluidos, no respondieron a la finalidad de sufragar gastos de funcionamiento». Añade que, en el caso de los grupos municipales, «el hecho de que carezcan de personalidad jurídica desplaza las eventuales responsabilidades contables a sus integrantes».
Finalmente, concluye que «debe considerarse que la exigencia de esta responsabilidad contable es compatible con la exigencia de responsabilidad penal» y que «tratándose de conductas que pueden ser constitutivas de alguno de los delitos contra la Administración pública que se recogen en el Código Penal (...) procede que sean puestas en conocimiento del Ministerio Fiscal a través de la correspondiente denuncia, o bien que por parte del Concello se interponga una querella criminal».
