Ames pide entrar como socio en Serra do Barbanza: lo decidirá el pleno el 27

Los alcaldes de los seis concellos socios de la Mancomunidad Serra do Barbanza (Brión, Muros, O Son, Noia, Lousame y Carnota) empiezan a encarrilar la entidad.

Tras haber aprobado un presupuesto exprés para 2025, de 14 millones, (a falta de mes y medio para que acabe el año), la entidad necesita poner orden con vistas a la elaboración del presupuesto de 2026, la redacción de otros estatutos y la licitación de un nuevo servicio de recogida de basura (el contrato con la concesionaria FCC venció en octubre de 2023).

Y, en una reunión extraordinaria y urgente de la Junta Rectora celebrada este jueves, los alcaldes dieron un ultimátum a Ames, Rois y Pontecesures, los tres concellos usuarios de dicho servicio en calidad de clientes, una figura alegal que va a ser eliminada. De modo que deben decidir si entran como socios o si se desvinculan de la entidad, porque la nueva licitación se diseñará solo para los ayuntamientos que sean integrantes de pleno derecho.

En la reunión de este jueves, el alcalde de Ames, Blas García, solicitó formalmente la adhesión de su concello como socio, y someterá esta propuesta a aprobación plenaria el próximo día 27. Lo hizo, además, «absolutamente convencido».

Ames ya había mostrado hace años su interés en adherirse a Serra do Barbanza, pero bajo una serie de condicionantes que, a raíz de los últimos avances, rebaja ahora a «solicitudes ad futurum».

Una de aquellas condiciones era que la entidad tuviese personal propio; tras haber sido aprobada la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la última reunión de la Junta Rectora, Serra do Barbanza licitará el próximo año la creación de un equipo de cuatro trabajadores (gerencia, intervención, secretaría y personal administrativo).

Otras condiciones que años atrás planteó Ames se referían a la necesidad de modernizar el servicio de gestión de la basura o de ampliar los puntos de recogida, sobre todo en el rural, cuestiones que ahora están ya sobre la mesa con vistas a la nueva licitación del servicio, uno de los objetivos urgentes para la Mancomunidad.

En cuanto a la parte porcentual de la deuda con FCC (23 millones de euros), para la que se aprobó un plan de pago a diez años en la anterior reunión de la Junta Rectora, Blas García señala que «parte de esa deuda es de Ames, porque corresponde a un servicio que estuvimos usando. Cosa distinta es la parte correspondiente a los intereses, porque en ese aspecto no tuvimos responsabilidad».

En cuanto a los otros dos ayuntamientos acogidos a la figura de cliente, Pontecesures y Rois, deberán decidir si entran como socios o no, porque, si no lo hacen, dejarán de ser usuarios del servicio de recogida de basura.

Mª Teresa Tocino: «Estamos valorando las posibilidades»

La alcaldesa de Pontecesures, María Teresa Tocino (que este jueves no acudió a la reunión) dijo a este diario que está «valorando posibilidades» y, aunque mantiene su apuesta por el modelo de la Mancomunidad, señala que «antes de dar el paso de incorporarnos como socios queremos conocer formal y detalladamente cuáles serían nuestros derechos y obligaciones. Especialmente, en lo referente a la situación de la deuda con FCC».

Al respecto, explica que «para empezar, dudamos que, como clientes, tengamos que asumir el pago de una parte proporcional de la deuda que la entidad arrastra con la concesionaria FCC. Más aún cuando no tenemos derecho a voto en las reuniones de las juntas ni de las asambleas».

Los cuatro criterios para el reparto porcentual de la deuda

Con el presupuesto y la Relación de Puestos de Trabajo ya aprobados, la Mancomunidad Serra do Barbanza se marca ahora tres objetivos inmediatos: la creación del equipo que la pilotará, dejando atrás un sistema que descarga la gestión de la entidad en el alcalde que asumía la presidencia de turno y en la Secretaría y en la Intervención de su concello; la nueva licitación del servicio de recogida de residuos; y el inicio del pago de la deuda a FCC, para lo que se estableció un reparto porcentual entre los concellos en base a las toneladas de basura recogidas, el número de habitantes de derecho, el número de viviendas y la base imponible del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).