La Mancomunidad Serra do Barbanza aprueba su primer presupuesto en diez años, por 14 millones de euros

La Mancomunidad Serra do Barbanza (propietaria de la planta de tratamiento de residuos de Servia y de la que forman parte como socios los concellos de Brión, Carnota, Lousame, Muros, Noia y O Son, y como adheridos en calidad de clientes los de Ames, Pontecesures y Rois) celebró una asamblea general en la que se aprobó el presupuesto de la entidad para el presente ejercicio, el primero del que dispone en la última década, pues hasta ahora venía funcionando con el de 2015 prorrogado.

Era la primera asamblea que se celebraba en los tres últimos años. La semana anterior había tenido lugar la Junta Rectora, en la que participaron los alcaldes y en la que se plantearon los asuntos que iban a llevarse a la asamblea.

En aquella junta se presentaron las nuevas cuotas del servicio de recogida de basura para cada ayuntamiento, con unos criterios en los que se prioriza la cantidad de residuos que se recoge en cada localidad. En esa ocasión, varios alcaldes mostraron sus discrepancias, pero acordaron finalmente apoyar el documento para poder aprobar el presupuesto.

Un presupuesto (de algo más de 14 millones de euros) que fue aprobado sin ningún voto en contra, pero con las abstenciones del alcalde de Lousame, Esteban Ares; de los representantes del PP y del BNG de Lousame, Ramón Martínez y Anxo Moledo, respectivamente; y del teniente de alcalde de Noia, Manuel Seijas.

El regidor lousamiano justificó su abstención alegando que no considera acreditados fehacientemente los datos con los que se justifica la subida de las cuotas de dicho servicio. De hecho, Lousame recurrió judicialmente las cuotas de 2024 aplicadas por la Mancomunidad al servicio de recogida de basuras, al considerar que «están basadas en criterios no recogidos en los estatutos de la entidad».

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad (y alcalde de Brión), Pablo Lago, dijo que la aprobación del presupuesto supone para la entidad «un gran hito, porque, teniendo unos gastos de 14 millones estábamos trabajando con un presupuesto de 4 millones». Dice sentirse «orgulloso» del trabajo realizado y recuerda que «tomé las riendas de la Mancomunidad en su peor momento y, cuando todos miraron hacia otro lado, celebré cientos de reuniones con los sindicatos, el comité de empresa, la Xunta, Sogama...».

«Pero ahora hay un presupuesto que nos permitirá, entre otras cosas, pagar la deuda de 23 millones de euros que tenemos con la empresa concesionaria de la planta de Servia, FCC», explica.

Al respecto, señala que se aprobó también el plan de pago de dicha deuda a diez años, así como «algo también muy importante: el organigrama que permitirá que la Mancomunidad tenga un equipo de trabajo formado por un gerente, un secretario y personal de administración».

Pablo Lago: «Los alcaldes me pidieron que siga en el cargo»

Pablo Lago dijo que «los alcaldes me pidieron que siga en el cargo hasta que se licite el servicio de recogida de residuos y se busque una viabilidad a la planta de tratamiento de residuos de Lousame».

Por su parte, el Consello de Contas finalizó ya la auditoría exprés que elaboró sobre la Mancomunidad Serra do Barbanza en un tiempo récord de 16 semanas. Un informe cuya publicación es inminente, pero que antes se remitirá a la entidad supramunicipal y a los concellos que la integran para que puedan formular alegaciones durante dos semanas.

Las alarmas en el Consello saltaron «al detectarse indicios serios, como problemas en la gestión de un servicio público fundamental (la recogida de basura) en un momento de cambio de modelo; la no rendición de cuentas; y la falta de transparencia en la información que publica la Mancomunidad».

La auditoría dará respuesta a tres cuestiones: la primera, si se están adoptando medidas para asegurar la continuidad de la prestación de servicios que configuran los fines estatutarios de la Mancomunidad; la segunda, si se están tomando medidas para solucionar el problema de la capacidad máxima alcanzada por el vertedero actual; y la tercera, si la financiación es suficiente para cubrir los costes y si la participación de los concellos integrados en la Mancomunidad es equitativa y eficiente.