Una cláusula dorada frena la compra de la planta de residuos de Lousame

La auditoría realizada por el Consello de Contas de Galicia a la Mancomunidad Serra do Barbanza no parece haber descubierto nada que no se supiera sobre las causas de su delicada situación, ni tampoco nada en lo que no se esté trabajando ya con carácter paliativo: la necesidad de licitar un nuevo servicio de recogida de basura, de modificar los estatutos, de dotarla de una gerencia, de elaborar presupuestos...

Pero tan o más importante que su diagnóstico es el tratamiento que receta. Y una de las medidas urgentes que plantea es en clave económica «para evitar el colapso» de la entidad.

Contas considera «imprescindible» acometer inversiones para la construcción de un nuevo vaso de vertido en la planta de tratamiento de residuos de Servia (Lousame) y para la modernización de las instalaciones, pero advierte que, tras el compromiso de pago de la deuda de 23,8 millones a diez años a la empresa FCC (concesionaria de un servicio de recogida de basura ya caducado en 2023, pero que continúa realizando hasta que se haga una nueva licitación), «la situación real es de insolvencia estructural».

Dicho acuerdo implica destinar a esa deuda 2,7 M€ anuales, «limitando severamente la capacidad de inversión». Una carga fija que «compromete la estabilidad financiera y requiere medidas urgentes de saneamiento y control para evitar riesgos de colapso».

Pero esa necesaria inversión no solo está lastrada por la deuda; también lo está por la falta de regularización jurídica de la titularidad de los terrenos de la planta.

Los terrenos en los que se ubica el complejo de Servia pertenecen aún al particular al que se le alquilaron en su día... con obligación de compra. En aquel contrato se incluyó una cláusula que establecía que, cuando finalizase el período de alquiler, FCC debería adquirir los terrenos y entregarlos en propiedad a Serra do Barbanza.

Vencido el contrato en 2023, FCC pactó con la Mancomunidad que seguiría prestando el servicio en condiciones que cubrieran el coste efectivo del mismo, pero nunca fue capaz de llegar a un acuerdo para comprar los terrenos ante el elevado precio que le puso su propietario. El párrafo al que este se aferra es ahora una cláusula dorada, al estar blindada por esa obligación de compra.

Se plantea la expropiación

Este diario pudo saber que FCC planteó la opción de que Serra do Barbanza expropie el terreno; aunque lo pagaría la empresa, el precio sería el de su valor de mercado, y cabría la posibilidad de pactar una quita de la deuda de la entidad con la concesionaria.