Neumáticos, purines, escombros... ¿Cómo ‘reciclar’ la planta de residuos Servia?
El Consello de Contas sugiere a la Mancomunidad Serra do Barbanza avanzar hacia la selección de residuos en origen
El cambio del sistema de reparto de cuotas disparó la de Lousame un 146%

FCC tiene camiones biocompartimentados, con espacios diferentes para fracción orgánica e inorgánica. / Cedida
La Mancomunidad Serra do Barbanza retoma el pulso poco a poco, mientras trabaja en la redacción de sus nuevos estatutos y la licitación de un nuevo servicio de recogida de residuos y de una gerencia.
Pero, además, en la Mancomunidad hay un debate existencial: cómo devolver la viabilidad a su planta de tratamiento de residuos de Servia (Lousame), inactiva desde que en enero se empezó a enviar la basura a Sogama, y también cómo rentabilizar unas instalaciones que cuentan con autorizaciones medioambientales muy importantes y nada fáciles de conseguir.
En este sentido, y en sintonía con la conveniencia de invertir en la modernización de la planta, el Consello de Contas plantea en su auditoría sobre Serra do Barbanza la necesidad de avanzar en la implantación de medidas de valorización y reducción de residuos (en coherencia con la normativa ambiental vigente), iniciando una transición progresiva hacia sistemas de recogida separada en origen que garanticen la clasificación efectiva de fracciones reciclables.
En concreto,Contas propone explorar nuevas líneas de gestión diferenciada para residuos específicos (como escombros de la construcción, neumáticos o purines), que podrían representar oportunidades de diversificación y mejora de la rentabilidad de la planta.
Pero si algo tendrá que cambiar también en la entidad es la gestión económica. La aprobación de las cuotas provisionales en abril de 2024 supuso, según Contas, una «modificación relevante del sistema estatutario», al aplicar criterios basados en el coste real del servicio de recogida de basura y no en los módulos previstos, lo que provocó un incremento global superior al 96% y fuertes variaciones entre ayuntamientos, llegando en el caso de la cuota mensual de Lousame al +146,43%, pasando de 13.694,16 a 33.746,47 euros.
Esta falta de adecuación al marco normativo evidencia la necesidad de revisar el modelo de reparto, incorporando criterios mixtos de variables demográficas, productivas y territoriales.
Hasta el año 2023, fecha en la que finalizó el contrato con FCC, el importe total de las aportaciones de los ayuntamientos a la Mancomunidad, calculado según el criterio estatutario y teniendo en cuenta los convenios firmados con los ayuntamientos adheridos, ascendía a 394.786,50 euros mensuales.
Esta cifra, multiplicada por los 12 meses del año, supone un gasto anual de 4.737.438 €. Se trata, pues, de la cuantía con la que cada concello contribuía a la financiación de la Mancomunidad hasta esa fecha. En términos porcentuales, el reparto de las cuotas hasta 2023 oscilaba entre el 29,71% de Ames y el 3,47% de Lousame.
Pero la Junta de Gobierno de la Mancomunidad, en sesión del día 3 de abril de 2024, aprobó nuevas cuotas por los costes comunes del servicio, aplicables desde el 1 de enero de 2024, al tener que hacerse cargo de los costes anuales de personal (4.538.730 €), vertido (2.580.000 €), gestión de lixiviados (243.000 €) y costes comunes (1.948.939 €). De esa manera, se acordó que esas nuevas cuotas se aplicasen con carácter provisional a los 9 concellos en los que entonces se prestaba el servicio (Rois y Pontecesures dejaron de ser usuarios) y hasta aprobar el presupuesto con las cuotas definitivas.
El coste real del servicio
Para establecer el cálculo de esas cuotas, en vez de emplear los criterios estatutarios, se solicitó a la concesionaria que proporcionara el detalle del coste efectivo que se genera en cada municipio y, de acuerdo con esos datos, junto con las variables de habitantes, efectuar el correspondiente reparto.
El coste conjunto de los municipios asciende a 776.226 € al mes, por lo que la Mancomunidad recaudará 9.314.723 € al año. Por consiguiente, la diferencia entre la cuota que pagaban los concellos antes y la que se propuso luego es significativa: pasó de 394.786,50 a 776.226,92 € al mes.
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