Ribeira rebajará "bastante" la tasa de las terrazas que cobra Portos en la fachada marítima
El organismo autonómico propondrá al Estado la reversión al Concello de las aceras interiores de las avenidas del Malecón y As Carolinas

Por la izquierda, José Antonio Álvarez, Juan Sanmartín, Fernando Abraldes y María Sampedro. / Cedida
Portos de Galicia y el Concello de Ribeira acordaron este martes la propuesta definitiva para la reversión al Estado de los terrenos declarados innecesarios para la actividad portuaria en el municipio. Así quedó de manifiesto en la reunión celebrada entre el presidente del ente público, José Antonio Álvarez, y la alcaldesa, María Sampedro.
En el encuentro, ambas administraciones consensuaron la delimitación del suelo susceptible de volver a la titularidad de la administración general del Estado, para que esta la transfiera al Ayuntamiento, dado su uso vecinal, de carácter público, y no restringido a la actividad portuaria.
La propuesta acordada se basa en criterios estrictamente técnicos que fueron ratificados previamente con la Fegamp.
En concreto, en el caso del puerto de Ribeira, los terrenos situados actualmente en dominio público portuario que la Xunta propondrá devolver al Estado para su posterior transferencia al Concello se corresponden con las aceras de la avenida de As Carolinas y las de la avenida del Malecón (las pegadas a los edificios, no las que limitan con el puerto, cuya titularidad seguirá siendo de Portos) y la parte de titularidad portuaria de los edificios del antiguo auditorio y del mercado municipal.
Las citadas avenidas abarcan una superficie de 55.384 m2 (la práctica totalidad de la fachada marítima urbana). En ellas se ubican numerosas terrazas de locales hosteleros, que actualmente pagan a Portos una tasa de ocupación.
El ente público no solo distingue entre temporadas alta (julio y agosto), media (junio y septiembre) y baja (el resto del año), sino también entre zonas de intensidad de actividad alta (entre las que están Muros, Noia, Portosín, O Porto do Son, Aguiño, Ribeira y A Pobra); media (Malpica, Camariñas, Corme, Laxe, Muxía, Fisterra, Corcubión, O Freixo, Testal y Cabo de Cruz) y baja (el resto).
La tasa oscila entre 0,33 € por mesa autorizada y día en intensidad y temporada bajas, y 1 € en intensidad de actividad y temporada altas.
Respecto a los restantes servicios y actividades comerciales e industriales auxiliares no estrictamente portuarias, la tasa anual que percibe Portos de Galicia es del dos por ciento del importe neto de la cifra anual de negocio de la actividad desarrollada al amparo de la autorización administrativa, estableciéndose en este aspecto un tope de 126.248 euros.
Cuando las aceras interiores de las dos citadas avenidas pasen a ser de titularidad municipal, será el Concello el que cobre la tasa por ocupación en ellas, como ya hace con las del resto del centro urbano.
Al respecto, la alcaldesa dijo que, cuando las aceras interiores de dichas avenidas sean municipales, los hosteleros de la fachada marítima "pagarán bastante menos que ahora por sus terrazas".
Con todo, queda aún una larga tramitación administrativa por delante: primero, el Consello da Xunta; después, el Consejo de Ministros.
La reunión da continuidad a las celebradas con los representantes de los concellos de Pontecesures, Fisterra y Cariño y se enmarcan en la tercera y última fase del proceso por el que Portos de Galicia está remitiendo a la administración general del Estado las propuestas de reversión de aquellos municipios que solicitaron la titularidad de terrenos portuarios de uso público.
A día de hoy, la Xunta remitió ya las propuestas aprobadas por el Consello da Xunta y consensuadas en la primera y segunda fases con 17 de los 25 municipios que lo solicitaron, a fin de que la Administración estatal, como competente en la materia, decida sobre la reversión y, en su caso, transferencia a los ayuntamientos.
Colaboración en seguridad
Durante la reunión (en la que participaron también el director de Portos, Juan Sanmartín, y el edil de Mar de Ribeira, Fernando Abraldes), José Antonio Álvarez y María Sampedro abordaron también propuestas conjuntas para el refuerzo de la seguridad en el puerto de Ribeira.
Al respecto, coincidieron en la voluntad de colaboración para la puesta en marcha de "medidas que minimicen los incidentes provocados por personal ajeno al recinto en el que se desarrolla la actividad portuaria".
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