El portavoz do Grupo Socialista, Luis Álvarez, elevó al Parlamento de Galicia la polémica por los vertidos de la mina de San Finx (Lousame) y reclamó a la Xunta que asuma “responsabilidades políticas”.

Indicó que la “contaminación provocada polos vertidos” se debe a una mina “que viña de ser autorizada polo goberno galego” Por ello, el responsable socialista denunció la “falta de supervisión” del ejecutivo, que “autorizou un vertido de 900.000 metros cúbicos de augas contaminadas sobre a ría de Muros e Noia”.

Cabe recordar que la analíticas realizadas a las aguas del río Rabaceira revelaron unos niveis de cadmio 78 veces por encima de lo permitido, “o que suscitou unha sanción de 300.000 euros por parte do goberno galego, que palidece diante dos millóns de euros de dano sobre a actividade pesqueira e marisqueira e sobre a actividade turística” sobre la ría de Muros e Noia, afirmó el portavoz de los socialistas. Advirtió además que “non nos tranquilizan nin a sanción nin o anuncio ameazando coa revocación da autorización da actividade na mina”.

Rercordó asimismo que el PSdeG “leva anos alertando fronte á situación da mina”, y señaló que “entre os anos 2015 e 2017 provocaron descargas de vertidos cuns niveis de cadmio 158 veces superiores ao permitido, de cobre 70 veces e de zinc 17 veces máis, o que non impediu que asinaran a autorización para a empresa responsable”.

Desde las cofradías de pescadores de Noia y Portosín, así como la plataforma de colectivos afectados por la mina, también reclamaron responsabilidades a la Xunta.

Cabe señalar que Augas de Galicia, ya ha enviado un requerimiento a la empresa Tungsten San Finx, S.L., que gestiona la mina, en el que da de plazo un mes para que “ajuste la gestión de las aguas residuales generadas en las instalaciones” de la mina después de que las analíticas revelasen niveles preocupantes en parámetros de cadmio, cobre y zinc.

El Ejecutivo gallego reclama de la empresa que acometa las acciones necesarias para que las condiciones vuelvan a los parámetros establecidos en la autorización de vertido otorgada y amenaza con revocar el permiso de no poner solución a la problemática.

De hecho, dicha autorización está inmersa en un proceso judicial en tanto que fue denunciada ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por cofradías y asociaciones ecologistas. Además, Augas de Galicia ha iniciado un expediente sancionador contra la empresa tras conocer los resultados de los análisis.