Indignación en Teo por el retraso en el pago de expropiaciones de la AG-59

Vecinos de Teo critican la «impunidad en el pago» al respecto de las expropiaciones del tramo Ramallosa-Pontevea de la AG‐59, lo que genera «preocupación» entre los afectados por no cobrar la totalidad de lo pactado.

La prolongación de la autovía AG-59, que conecta Santiago de Compostela con A Estrada, continúa siendo un proyecto estratégico para la mejora de la comunicación y el transporte en la comarca. «Sin embargo, una de las etapas más delicadas del proceso administrativo, las expropiaciones de terrenos para la construcción del tramo Ramallosa-Pontevea, enfrenta retrasos significativos que han generado malestar entre los propietarios», explican los propios afectados.

También se hacen eco de que desde la Xunta de Galicia «se iniciaron los actos de ocupación de los terrenos, pero hasta la fecha, los pagos de las indemnizaciones correspondientes no se han formalizado». Dicha demora está provocando «incertidumbre entre los vecinos y titulares de fincas», ya que aseguran depender de estas compensaciones «para poder reubicar actividades agrícolas o residenciales afectadas por la obra». Y es que, siempre según los informes oficiales, se preveía que en mayo de 2025 los propietarios recibirían la valoración económica de sus terrenos. «No obstante, este trámite no garantizaba el cobro inmediato, ya que aquellos que consideren insuficiente la indemnización podrán presentar una valoración alternativa o recurrir al Xurado de Expropiacións de Galicia», un proceso de revisión podría prolongar aún más el tiempo hasta que se efectúe el pago final.

Impacto en el calendario

Asimismo, los retrasos en las expropiaciones no solo afectan a los propietarios, según trasladaban a este diario, «sino que también podrían impactar en el calendario de construcción del tramo. La obra, adjudicada en agosto de 2023, para el tramo Pontevea-A Estrada, a la UTE formada por Vías y Construcciones S.A. y Marconsa, tiene previsto su inicio en octubre de ese mismo año», afirman.

La situación ha despertado la preocupación de los vecinos de A Ramallosa, Pontevea y otras localidades colindantes, quienes consideran que la administración debe agilizar los pagos para garantizar la seguridad jurídica de los afectados y evitar tensiones sociales. Expertos en urbanismo y derecho de expropiación señalan que estas demoras, aunque legales dentro del marco administrativo, pueden erosionar la confianza de los ciudadanos en la gestión pública de grandes infraestructuras. Y avisan a navegantes para que los estradenses vigilen el cobro de terrenos más allá del Ulla.