Abortan el contrato millonario de la limpieza por su bestial duración
Tanto Secretaría como la firma privada que elaboró los pliegos aconsejaron aparcar esa licitación // El tripartito pretendía que se prolongase una década
No siempre el pez grande se come al chico. Un recurso presentado por la Asociación de Pequeñas Empresas Gallegas ha logrado abortar el contrato de la limpieza que pretendía licitar el tripartito de Ames durante una década y por un importe estimado en más de doce millones de euros. Y lo ha conseguido tanto por la excesiva duración que trae aparejada como por la parca objetividad en los criterios de valoración. La única duda que queda, siempre según el PP, es si “los nuevos pliegos del contrato se modificarán para tener en consideración el recurso planteado por la entidad” o bien se buscará “la manera de sortearlo”.
Así, la junta de gobierno del pasado día 19 acordaba desistir en la licitación del contrato en base al informe de la secretaria municipal (coincidente con el de la empresa privada que redactó los pliegos), especulándose con lo que tardaría en pronunciarse al respecto el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia como posible explicación a la sorpresiva decisión.
En la sesión de la correspondiente comisión informativa, celebrada el pasado 23 de abril del 2021, el grupo del PP se interesó al respecto de las intenciones del ejecutivo local sobre este asunto si bien, y con independencia de la respuesta que se dará a tales interrogantes, los populares consideran que es un buen momento para que el tripartito “haga de la necesidad virtud” y que aproveche este “revés” para modificar los pliegos y permitir que los vecinos de Brión se beneficien del servicio de punto limpio de la capital maiana.
“Recientemente se ha planteado la posibilidad de que la población brionesa pueda utilizar también el punto limpio de O Milladoiro, una iniciativa interesante que incorporar al contrato de limpieza”, siempre que incluya acuerdo intermunicipal que evite cualquier malentendido.
El PP ahonda en la impugnación del colectivo de pequeñas empresas en base al periodo en el que estaría en vigor el servicio (respecto a quien ganase la adjudicación) y la falta de objetividad en algunas cláusulas, algo evidente para los técnicos.
Por un lado, consta la duración del contrato, que excede el máximo de 5 años establecido en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Hay que recordar que excepcionalmente la ley permite establecer un periodo superior, pero en este supuesto excepcional se exige la concurrencia acumulativa de una serie de circunstancias. Y en el caso de Ames, el pliego de condiciones administrativas había recogido un plazo de duración de una década, “por lo que era preciso justificar el cumplimiento de la totalidad de circunstancias establecidas en el artículo 29.4 de la LCSP” algo que, en opinión de la entidad recurrente, no solo no se había justificado convenientemente por el Concello de Ames, “sino que, además, los cálculos efectuados en la memoria justificativa, en relación al periodo de recuperación de la inversión no se ajustan a lo dispuesto en la Ley de Desindexación de la Economía Española”.
En cuanto al segundo motivo de impugnación, se basa en la vulneración del artículo 146.2 de la LCSP, donde se obliga a que los criterios de valoración de la oferta que puedan estimarse objetivamente mediante cifras o porcentajes tengan más preponderancia que aquellos criterios de valoración que dependan de un juicio de valor. Y siempre según los recurrentes, “la cláusula 12 del pliego de condiciones administrativas cumple sólo en apariencia esta exigencia legal”, porque la fórmula establecida para la valoración de la oferta económica, que tiene un valor máximo de 40 puntos, “desvirtúa la exigencia del artículo 146.2 de la LCSP”. De esta manera, “no puntúa con cero puntos a aquellos licitadores que no ofrezcan ninguna baja económica, hecho que deriva en la no necesidad de realizar esfuerzo económico para obtener puntos”.