Exigen que se entre en el fondo del recurso del IBI
y ven afán recaudatorio
En el PP afirman que el tripartito necesita los 800.000 euros del incremento de la contribución para pagar sus sueldos // Creen que se modificaron sólo bonificaciones
El PP de Ames acaba de reaccionar a la desestimación de su modelo de recurso contra el incremento del IBI, acusando al regidor y al ejecutivo tripartito de demostrar una “nula empatía” con los lugareños tras divulgar ese rechazo por parte de la Diputación “antes de que la mayor parte de los vecinos recibieran la notificación”, y sin ofrecerles ayudas.
Además, la formación opina que el único interés que mueve al gobierno local de la capital maiana es “cobrar esos 800.000 euros de subida aplicados a los recibos”.
Este supuesto afán recaudatorio resulta para la oposición popular “lógico” en cierta medida, ya que el tripartito de Ames “tiene que hacer frente a los más de 400.000 euros en sueldos de sus concejales, a los que hay que sumar las dietas y demás gastos y se necesita ese ingreso”, sin incluir al respecto “los más de 60.000 euros del alcalde que percibe de la Diputación supuestamente por trabajar para la institución provincial en detrimento de Ames”.
Además, les resulta “curioso” que el recurso lo rechace precisamente la institución provincial, en cuyo equipo de gobierno está el alcalde y que, además, su argumento se quede a medio camino ya que, según anunció el propio Blas García, el fallo se basa en que la ordenanza publicada en diciembre de 2020 fue aprobada por el Concello, independientemente de la legalidad o ilegalidad de la misma.
A continuación, el PP lanza unas preguntas retóricas para recabar más datos: “¿Por qué quienes fallan los recursos de los vecinos no llegan al fondo de la cuestión y estudian si la subida aplicada es legal?; ¿Es que no tiene importancia si el Concello de Ames aplica bien la Ley?; ¿Qué interés tienen en retorcer los argumentos para fallar a gusto de un alcalde que solo quiere 800.000 euros a costa del bolsillo de sus vecinos?”.
En cuanto al argumentario que presentan para defender su modelo de recurso, que insisten superó las 30.000 descargas, está en que en la modificación de la ordenanza del IBI hecha en diciembre de 2020 fue en realidad una mera reforma puntual sólo del artículo 15, relativo a las bonificaciones del IBI, pero no del del 13, que es el que regula los tipos impositivos. Sobre la acusación de colapsar servicios por la masiva presentación de recursos, culpan al regidor de no haber dado facilidades.
Tanto el mandatario local como la oposición popular daban otra vuelta de tuerca a la masiva presentación de recursos contra un IBI al alza, afirmando en el PP que nunca se dieron facilidades con la mira puesta en minimizar el impacto de los miles de escritos aportados por los dueños de terrenos. Y, a su vez, el alcalde, Blas García, respondía que “sabíase que non ían prosperar, e aínda así colapsaron os servizos municipais e os da Deputación”.
Asimismo, en el Partido Popular dan la vuelta al argumento de colapsar servicios mediante la campaña masiva de alegaciones recordando que, en cualquier caso, el colapso lo habría propiciado el propio regidor socialista al “despreciar una gestión que los vecinos querían realizar y para lo que no reforzó para nada la sección que tuvo que hacer frente a este trámite”. Además, tienen la convicción de que “muchos de los vecinos que presentaron el recurso, no votan al Partido Popular”.
Siguiendo el hilo, en las filas de la oposición muestran su malestar porque preguntaron “formalmente” al alcalde cuántos recursos se habían presentado, “y en vez de recibir la respuesta por los cauces adecuados”, vieron cómo aparecía publicada en la prensa. “Será cosa de la transparencia de la que tanto alardea el alcalde y que más bien pronto que tarde podrá demostrar”.
También se refieren a las contestaciones dadas a parte de esas alegaciones: “Dice Blas García que en algunos casos se está pidiendo información adicional a los vecinos que presentaron el recurso porque el titular de la vivienda o la finca está fallecido”, recordando que “resulta sumamente curioso que a la hora de enfrentarse a un recurso necesiten esa información, pero cuando hay que pagar el recibo poco importa si el titular está vivo. Se cobra y punto”.