La Fiscalía pide más de cuatro años de cárcel para el exalcalde de Coristanco Antonio Pensado

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña acogerá el viernes día 15 el juicio al exalcalde de Coristanco Antonio Pensado y a tres empresarios, hermanos y representantes de un mismo grupo empresarial, acusados de irregularidades en la contratación administrativa de obra pública. La Fiscalía solicita para Pensado (que ocupó el cargo durante casi 24 años, entre 1991 y 2015) una condena de cuatro años y medio de cárcel y 36 años de inhabilitación especial.

A lo largo de tan dilatado período de tiempo al frente de la Corporación, el exmandatario “ha ido desarrollando una relación muy cercana y estrecha con los propietarios de una de las empresas económicamente más importantes de las que participaban en el Concello de Coristanco”, explica en su escrito el Ministerio Público en alusión al grupo de empresas dirigidas y gestionadas directamente por los otros tres acusados.

Añade que el exalcalde no dudó “en favorecer la actividad de las empresas de ese grupo, y ello sin tomar en cuenta si las decisiones tomadas con esa finalidad eran o no las más convenientes para el Concello”, considerando como único parámetro en multitud de decisiones “la consecución de un beneficio económico de ese grupo de empresas” y de terceros.

Pero tampoco los empresarios habrían dudado, según la Fiscalía, “en solicitar directamente de la Alcaldía la toma de determinadas decisiones con el fin de lograr ese beneficio económico”, realizándose desde la Alcaldía “cuantas gestiones les eran posibles para lograr la consecución de los objetivos particulares de las empresas mencionadas”.

Una relación que “se hizo evidente y poderosamente llamativa” con la instalación de dos plantas de compostaje en A Furoca y Xaviña, a costa de paralizar “ilícitamente” un proyecto de otra firma.

En el escrito se apunta asimismo que en 2011 tomó posesión la secretaria municipal, quien detectó “multitud de deficiencias” y relató cómo se le ponían desde la Alcaldía multitud de trabas y presiones para hacer su trabajo.

Denunció claras irregularidades en la contratación administrativa de obra pública y de servicios por parte de la Alcaldía, observando que “sistemáticamente” se beneficiaba a las firmas pertenecientes a los empresarios acusados.

En 2014 la Guardia Civil realizó registros en el Concello y en varias empresas de los enjuiciados. El análisis de la documentación incautada permitió comprobar, según la Fiscalía, que se estaba dando trato de favor desde la Alcaldía a dichas empresas en todo lo que se refería a la contratación de obra pública; que hubo trato favorable en lo relativo a un depósito de materiales en Traba-San Roque; y que “se apuntalaron las iniciales sospechas de ese trato de favor” en la instalación de dicha planta de compostaje.

Según el Ministerio Público, de los 45 expedientes de contratación de obra pública entre 2009 y 2013, la adjudicataria de 30 licitaciones resultó ser una empresa de los tres acusados (casi el 70 % del total), por las que se facturaron 2.368.234,89 euros.

Fiscalía pide para Pensado, por cada uno de los tres delitos continuados de prevaricación que se le imputan, 12 años de inhabilitación especial, y por el de falsedad en documento oficial, 4 años y 6 meses de prisión, multa de 15 meses (60 € por día) e inhabilitación especial por 3 años.

Para los tres empresarios solicita, por prevaricación continuada y tráfico de influencias continuado en concurso medial, 2 años y 4 meses de prisión y multa de 5,4 millones. Y por cada uno de los delitos relativos al depósito de materiales y a la planta de compostaje, sendas penas (una por cada uno de los dos grupos de delitos) de 2 años y 3 meses y 1 de prisión.