Ni rastro del bestia que prendió fuego y mató hace ocho años a una octogenaria en Bertamiráns

Va camino de convertirse en el crimen perfecto... porque del asesino no hay ni rastro. Un domingo, 27 de enero de 2013, la barcalesa María D. R.C., de 61 años, y su tía, Amalia Rey Antiqueira, de 87, eran abordadas por un sujeto, encapuchado y alto, en el acceso al garaje de su domicilio, en el número 24 de la avenida da Maía de Bertamiráns. Estaba agazapado en unas escaleras entre el portal y garaje, y cuando las mujeres pasaron a su lado, aprovechó para rociarlas con gasolina, prenderles fuego y esfumarse en unos segundos calle abajo. Las dos acabaron en el hospital con pronóstico grave, pero solamente se recuperó la sexagenaria, falleciendo Amalia en junio de ese año al complicársele las lesiones.

El suceso provocó la lógica indignación de los convecinos, y aunque hubo testigos de los hechos, nadie fue capaz de identificar al bestia que llevó a cabo el trágico ataque. Dos eran las principales hipótesis que barajaba la Guardia Civil. Por un lado, el exnovio de María, una posibilidad que cercenó tajantemente el entonces delegado del Gobierno, Samuel Juárez, asegurando que esta persona contaba con “coartada”. La otra alternativa pasaba por dos antiguos inquilinos de la misma afectada, David y Ramón, con quienes la relación no era buena. La pareja fue detenida, y durante meses puesta en el ojo del huracán, más cuando la octogenaria fallecía en junio de 2013, al coincidir su avanzada edad con los daños causados por las llamas.

Las pesquisas policiales, de cualquier modo, continuaron durante meses, hasta que el juez de instrucción del Juzgado número 1 de Santiago acordaba concluir el sumario arguyendo la ausencia de “motivos suficientes para acusar a una determinada o determinadas personas como autores cómplices o encubridores”, aseveraba en julio de 2014. Y así hasta el día de hoy.

Paradójicamente, la pareja, que decidió cambiar su residencia y que la opinión pública e investigadores señalaron con más que evidente contundencia, había proclamado siempre su inocencia, pero la Justicia parece que no lo tenía tan claro, por lo que se intentó utilizar el último cartucho: la Policía Judicial de la Guardia Civil recibía la pertinente autorización para colocar un dispositivo en el coche de ambos de cara a escuchar las conversaciones y con la mira puesta en que se autoincriminasen o aportasen algún detalle que llevara al esclarecimiento de los hechos. Pero, finalmente, no fue así.

Entre los interrogantes aún sin esclarecer del suceso figuran el móvil por el que alguien se arriesgaría, o pagaría a un tercero, para llevar a cabo tan terrible agresión. Y si en un primer momento parecía claro que podría tratarse de un episodio de violencia de género de la expareja de una de las agredidas, la falta de pruebas pronto hizo tambalearse esta línea (pese a que fuentes cercanas al caso creen que debería haberse seguido). Y exactamente lo mismo pasó con la presunta animadversión entre la casera y sus inquilinos.