Proponen replantear la ordenanza para emplear todos los fondos de emergencia

El PP de Ames solicita que se consensúen cambios en la Ordenanza da Renda Social, tras admitir que, efectivamente, no se han gastado todos los fondos debido a la incompatibilidad de las ayudas que incluye con otras estatales y autonómicas. E, igualmente, reconoce que en su día votaron a favor de la norma, pero también que hay que ponerle solución “replanteando las prestaciones y los gastos excepcionales recogidos, así como el régimen de incompatibilidades”, aportan.

Y es que para este año cifran la caída del poder adquisitivo de las familias “en un 12 %, y la situación de incertidumbre económica y las altas tasas de inflación auguran una reducción del 40 % del gasto en consumo final de los hogares” sin apenas ahorro.

Comienzan refiriéndose el PP a como en el pasado mes de diciembre del 2022 manifestaron su “preocupación” por el bajo nivel de ejecución de la partida presupuestaria destinada a hacer frente a las ayudas de emergencia social de los más desfavorecidos de Ames, obligando incluso a devolver a la Diputación de A Coruña más de 172.000 euros por no haberse podido aplicar a esa finalidad. “Frente a una realidad indiscutible, la reacción del gobierno local no se hizo esperar y acusó al Partido Popular de demagogia, admitiendo que ya otras administraciones tienen implementadas ayudas incompatibles con las municipales, tales como el Ingreso Mínimo Vital, la Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA) y la Tarxeta Básica de la Xunta”. Ante estos datos, la oposición tiene claro que la ordenanza que respaldaron en agosto de 2017 “no está cumpliendo satisfactoriamente con sus objetivos”. Entonces, la principal novedad del nuevo texto era la introducción de la denominada renta social de garantía mínima (una prestación municipal de carácter periódico de naturaleza económica, temporal, subsidiaria y vinculada a proyectos de inclusión social). Y, del mismo modo, se recogieron cinco prestaciones concretas y otros gastos excepcionales como son una ayuda para la cobertura de necesidades básicas, tanto de carácter general como para gasto sanitario y farmacéutico; para uso y mantenimiento de la vivienda; pobreza energética; desarrollo de actividades de inserción sociolaboral y educativas o transporte, entre otras.

AÑOS. “Los efectos de la nueva ordenanza se empezarían a notar a partir del siguiente ejercicio, y en 2018 se destinaron a tales fines un total de 175.000 euros”, terminando el periodo con el 79,7 % de de los fondos gastados. El siguiente, el de 2019, “fue el único en el que se ejecutó al completo la partida presupuestaria del ejercicio”, al incluirse una dotación de 175.000 euros “que se agotó”.

Ya en el ejercicio 2020 se incrementó la dotación para la renta social hasta los 200.000 euros, “pero su ejecución se quedó en poco menos del 91 %”, mientras que en 2021 tan solo utilizó un poco más del 34 % del importe reservado (se reintegraron a la administración provincial 172.830 €). Por último, en el ejercicio 2022 el importe destinado se redujo hasta los 130.000 €, “45.000 € menos que en 2018”. Ahora, y a falta de los datos exactos de ejecución, “todo induce a pensar que nuevamente habrá que devolver dinero no gastado”.