Quer cree que El Chicle regresa al banquillo con 17 años de retraso

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña acoge desde este martes 22 y hasta el jueves 24 el juicio al rianxeiro José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle (condenado a prisión permanente revisable por raptar y asesinar en 2016 a la joven madileña Diana Quer), acusado esta vez de la presunta agresión sexual a su excuñada, Vanesa Rodríguez, en enero de 2005, cuando ella tenía 17 años. Tanto el Ministerio Público como la acusación particular piden para el enjuiciado una condena de quince años de prisión.

Su regreso al banquillo ha reabierto profundas heridas que, lejos de curar, todavía supuran. “Mi hija Diana pagó con su vida este gravísimo error judicial. Su asesino se sienta en el banquillo con 17 años de retraso, acusado de una violación cometida en 2005. Cuando la Justicia no llega, llega tarde o llega mal, hay vidas inocentes que pagan por ello. Un depredador sexual en la calle nunca deja de buscar una nueva víctima. Políticos y jueces deberían ser conscientes de esta cruda realidad”, señaló en sus redes sociales Juan Carlos Quer, el padre de Diana.

Por su parte, Diana López-Pinel, madre de Diana dijo, en declaraciones a este diario, que espera que José Enrique Abuín “no salga nunca de la cárcel; no sabe el daño que ha generado en todos los que la queremos (a Diana), y todo por un degenerado que no debería haber nacido. Que se pudra en la cárcel”.

“SE PUSO EL CONDÓN Y ME PENETRÓ”. Los hechos por los que El Chicle será juzgado esta semana ocurrieron presuntamente el diecisiete de enero de 2005. En su denuncia, Vanesa Rodríguez, excuñada de El Chicle, había relatado que el acusado la convenció para llevarla en coche al instituto, pero que se desvió del trayecto hasta detener el turismo en un parque de Lousame. Una vez allí, le cogió su teléfono móvil, cerró el coche, la intimidó con un cuchillo y la obligó a mantener relaciones sexuales.

“Me dijo, amenazándome con un cuchillo que tenía en la guantera del coche, que me quitara la ropa. Me dijo que le hiciera una felación, a lo que le dije que no. Luego sacó una caja de condones que tenía en la guantera y me dijo que eligiera sabor. Se puso el condón y me penetró”, relató ella en la denuncia.

Tras la presunta agresión sexual, según el auto y el escrito de Fiscalía, la dejó en las inmediaciones del instituto, “no sin antes advertirle de que, si le denunciaba, mataría a su hermana y a su hija y que luego iría a por ella y a por sus padres”. Además, le dijo que la había violado “por chivata”, haciendo referencia a que la menor le había contado a su hermana que unos meses antes, en julio de 2004, su marido le había tocado el pecho por encima de la ropa.

A raíz de la presentación de dicha denuncia en 2005, El Chicle estuvo algo más de tres meses en prisión preventiva, pero el caso se archivó entonces por falta de pruebas (el informe forense no aportó datos concluyentes). Sin embargo, tras ser condenado por el rapto y asesinato de Diana en 2016 y por el intento de rapto de una joven en Boiro en 2017, el Juzgado de Instrucción número 2 de Noia reabrió el caso de la supuesta violación a Vanesa Rodríguez, ante las similitudes del modus operandi del ahora enjuiciado.

En julio del pasado año, el acusado prestó declaración, a través de videoconferencia, desde la cárcel, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Noia, por esa supuesta agresión sexual. Entonces se opuso a su procesamiento negando con rotundidad la totalidad de los hechos que se le atribuyen, ofreciendo una versión contradictoria con respecto a la del auto de procesamiento, con grandes lagunas y carencias, y con poco fundamento para ser mantenida ante un tribunal.

Finalmente, la jueza de Noia dictó auto de procesamiento, en el que se concluye que los hechos revisten los caracteres de un delito de agresión sexual con penetración vaginal, en línea con lo que expone el Ministerio Público en su escrito de calificación, en el que pide 30.000 euros de indemnización para la víctima.

La jueza descartó la prescripción por tratarse de delitos contra la libertad e indemnidad sexual con víctima menor de edad. En la resolución, recuerda que el término de la prescripción se computa desde el día en que la afectada alcanzó la mayoría de edad, en el año 2005, por lo que no estaría prescrito hasta 2020, y las diligencias se reabrieron en 2018. Sin embargo, entendió que tanto el delito de abuso sexual presuntamente cometido por Abuín en 2004 sobre su ahora excuñada, y el de amenazas, derivado de las expresiones de muerte que supuestamente profirió el día de la agresión sexual, prescribieron en 2010.

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