Rechazan los recursos del IBI, y Blas García acusa al PP de colapsar servicios
Ya se han desestimado mil doscientos de los tres mil presentados // Estos días notifican medio millar más // Aguardan a que se subsanen defectos en otros 1.300
Alrededor de 1.200 de los 3.000 recursos presentados contra la subida del IBI en Ames han sido ya rechazados por el servicio de gestión tributaria de la Diputación Provincial de A Coruña, que estos días prepara medio millar más de resoluciones negativas, al tiempo que espera que los aproximadamente 1.300 que faltan por informar subsanen los errores detectados... para caer también en saco roto. Estas cifras han propiciado la valoración del mandatario local, el socialista Blas García, subrayando que el PP, impulsor de la campaña, “sabía que non ían prosperar, e ademais colapsaron os servizos municipais e os da Deputación”.
En concreto, esos 1.200 ya resueltos “están notificados, polo que ou ben xa dispoñen da notificación os interesados, ou están na rúa esperando a que se recollan esas notificacións”, explicaban fuentes de la administración provincial. En cuanto a los 1.300 restantes, “unha gran maioría están pendentes de que por parte dos interesados se subsane a solicitude, xa que se dá unha casuística moi variada”, explicó.
Y entre esos motivos se encuentran cuestiones tan variopintas como la existencia de alegaciones firmadas por personas fallecidas, caso en el que se apercibe a quien los presentó para que acredite que tiene legitimación. Pero también algunas rubricadas por personas distintas del sujeto pasivo, reclamándoseles la misma acreditación; comunidades de propietarios que no aportan el acuerdo de la junta de vecinos autorizando su interposición; otros sin firma o aquellos en los que no se identifican los inmuebles en los que se repercute la contribución.
Los servicios jurídicos provinciales han detectado incluso que algunos de esos escritos hacen referencia a bienes de naturaleza rústica, pero también a viviendas o terrenos emplazados en municipios distintos, como el de Brión. “Moitos dos requerimentos foron notificados e non foron atendidos no prazo concedido, polo que se dará por desistido”, aunque la mayoría “están aínda en prazo para achegar documentación”, zanjaban los técnicos.
El PP basó su modelo en que la Justicia declaró ilegal –ante la falta de convocatoria– la subida del 0,44 al 0,5 del IBI, por lo que la ordenanza modificada al alza no estaría en vigor para los propietarios incluidos en la lista 2021 de la contribución.
A juicio del alcalde socialista de Ames, Blas García, el argumento central del modelo de recurso divulgado por el PP es erróneo, ya que se relaciona con un fallo judicial por falta de convocatoria a la sesión plenaria en la que se decidió incrementar el porcentaje de la contribución, “e non ten que ver unha cousa ca outra, porque a sentenza foi por vulneración de dereitos, non polo acordo para aprobar a suba do IBI”.
Así las cosas, quienes han visto desestimadas sus pretensiones pueden acudir ahora al procedimiento contencioso-administrativo, pero siempre de forma individual y pagando un abogado, lo que parece prohibitivo para reclamar unos importes que en muchos casos oscilan entre los 20 y los 60 euros de incremento (cifrado en un 13 por ciento con respecto a pasados cobros).
Además, García cree que las cifras de descarga de modelos que hicieron públicas los populares son cuando menos “esaxeradas”, ya que “segundo eles houbo case máis descargas que veciños de Ames” frente a las poco más de tres mil alegaciones remitidas finalmente a la administración provincial, que es la que resuelve por delegación. También ahonda en el colapso que supuso para los registros y servicios municipales la acumulación de recursos, lamentando también que la propia Diputación se las viera para poder resolver un volumen tan grande en época de celebraciones navideñas, con los días festivos que incluyen.
En su resolución, los técnicos del Servizo de Xestión Tributaria de la institución provincial aluden a la “imposibilidade de entrar a axuizar a legalidade ou ilegalidade da ordenanza fiscal cuestionada por carecer de competencia para iso”, y dando un plazo de dos meses desde su recepción para interponer un eventual contencioso-administrativo.