Recogen firmas para paralizar el derribo de dos viviendas en Melide
Los hermanos Mosteiro Soto confían en que no se ejecute la sentencia al haber cambiado la normativa de Patrimonio
Dos hermanos de Melide, Víctor y María Jesús Mosteiro Soto, han logrado reunir ya 800 firmas para paralizar la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña que ordena la demolición de sus viviendas ubicadas en la rúa María Casares de Melide y en la confluencia de esa calle con el Camino Francés. Los afectados confían en que la nueva normativa de Patrimonio, aprobada hace tres años y que ya permite hacer obras en el interior de estas casas, sirva para que el juez anule la orden de derribo.
“El pueblo se está volcando con nosotros y nos respaldan. Ya hemos recogido 800 firmas y se las daremos al abogado para que las entregue en el juzgado y tengan en cuenta la nueva normativa, que cambió hace tres años, y no nos derriben las casas”, explica Víctor Mosteiro, que asegura haber contado en todo momento con el apoyo del Concello, excepto cuando se produjo la denuncia, época en la que gobernaba la nacionalista Socorro Cea.
Y es que los hechos se remontan al año 2009, cuando los propietarios de las viviendas solicitaron los correspondientes permisos para realizar obras menores en sus viviendas, afectadas por las restricciones que imponía estar en el paso del Camino Francés. Al parecer la remodelación exterior no presentaba ningún problema, la denuncia de tres vecinos se centró en que los propietarios habían realizado obras en el interior.
Ya con Ángeles Vázquez, del PP, como alcaldesa, en 2015, se presentó un recurso contra el fallo y se defendió la apertura de un expediente de reposición de legalidad para evitar el derribo integral de las viviendas, tal y como explicó la propia regidora en su día. Vázquez compareció ante los medios para dar cuenta de un fallo judicial que declaraba ilegales los inmuebles porque los trabajos de edificación excedieron lo autorizado en las correspondientes licencias municipales, que eran para obras menores.
La alcaldesa calificó de “desmesurada” la sentencia que, a su juicio, pudo haberse evitado, ya que obedeció a una denuncia interpuesta contra el Concello melidense por tres vecinos que recurrieron a la vía judicial tras no obtener respuesta por parte de los responsables municipales a los escritos presentados entre los años 2009 y 2011 denunciando las obras.
El primer paso para recurrir el fallo fue averiguar si la propiedad era privada, para lo que se instó a sus propietarios a presentar la documentación pertinente, o pública, que es lo que consideran los denunciantes . De hecho la sentencia, cuya ejecución se ha ido aplazando por la pandemia y que se podría hacer efectiva a finales de mes, alude a la finca como municipal, algo que desmienten rotundamente los hermanos Mosteiro.
Melide. “Yo resido en Santiago y tengo otra vivienda, pero la que me preocupa es mi hermana, que la que quieren derribar en su vivienda habitual”, nos explica Víctor Mosteiro. No quiere entrar en polémica con los tres vecinos que le denunciaron, pero cree que todo se debe no a las viviendas, sino a un terreno propiedad de otro hermano y que éste recuperó hace ahora cuatro meses. “Tuvimos un litigio con el terreno pero ahora ya ha quedado resuelto y lo que nos preocupa es el derribo de las casas. Entonces no se permitía obrar por dentro, pero ahora la nueva normativa si lo permite”, insiste el afectado.
“Lo que queremos dejar claro es que tanto las viviendas como los terrenos son de propiedad privada, no pública, y eso está demostrado”, subraya Víctor Mosteiro, que quiere mostrar su agradecimiento al respaldo que están recibiendo y los apoyos que ha suscitado su caso, para el que esperan un buen final. s. e.