Sólo se devolverá el IBI a quien lo reclamó antes de tres meses

Vuelve a la actualidad de Ames el incremento del IBI para 2020, cuando pasó del 0,44 al 0,5. Así, y pese a que la Justicia dio la razón el PP, anulando el contenido y acuerdo del pleno de diciembre de 2019 donde se decidió el alza para el siguiente ejercicioal, el regidor Blas García apela a un informe jurídico para matizar dicho alcance, negando que haya que devolver los más de 700.000 euros que se embolsará el Concello por tal subida (un 13 %). Y sin embargo, la misma fuente trasladaba que sí que se le va a reintegrar este porcentaje a quien lo haya reclamado antes de que el acuerdo publicado en boletines fuera firme (tres meses).

Paradójicamente, desde el PP reconocen que el argumento del mandatario local tiene visos de legalidad, pero vuelven a cuestionar que “calquer veciño de a pé, sen coñecementos xurídicos, puidera aproveitarse desta reclamación aberta nos tres primeiros meses ata que a suba adquiriu firmeza”. Y van más allá, retomando la teoría del regidor saliente “trileiro” al subrayar que la administración municipal debería haber informado y divulgado con todos los medios a su alcance tal posibilidad para evitar el quebranto de las economías de los lugareños durante una pandemia que se veía venir. En liza, una vez más, dos teorías antagónicas: por un lado, la del centro derecha, que aboga por mejorar la gestión para dotar de recursos a los administrados y, por otro, la de la izquierda que, como resumía el edil nacionalista David Santomil, “é deste tributo onde sacamos os cartos para poder facer cousas”.

El informe que el ejecutivo local encargó a juristas externos deja claro en sus conclusiones que “por imperativo legal, non procede a devolución dos ingresos derivados das liquidacións tributarias do IBI correspondente ao exercicio de 2020 que sexan firmes –los famosos tres meses para reclamar– nin a revisión das anteditas liquidacións con base na anulación da modificación regulamentaria que nos ocupa”. Es decir, que tanto la jurisprudencia como la normativa apuntalarían la firmeza de la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles entre quienes no hayan echado mano de unos conocimientos legales dignos de encomio para reclamar en ese preciso periodo. Y esto es así para evitar el quebranto de las arcas locales, públicas a fin de cuentas, en caso de tener que hacer frente a una devolución de fondos que superaría los 700.000 euros.

Según los juristas consultados por el equipo del PSOE, BNG y Podemos, “a nulidade da ordenanza non afecta á validez e eficacia dos actos singulares de aplicación que foron consentidos e firmes, sen que aquela nulidade sexa admisible como causa de revisión dos actos de contido tributario”. O en román paladino: todos los contribuyentes tuvieron un plazo para denunciar el cobro al alza, pero una vez transcurrido el mismo, el acuerdo decidido por la mayoría de los concejales que integran la Corporación adquiere validez.

PRONUNCIAMIENTO. De cualquier modo, los populares no dan el caso por perdido, y también han puesto a su maquinaria legal a trabajar sobre las repercusiones del informe encargado por el gobierno local. Y por lo de pronto, tienen previstro solicitar que tanto el servicio municipal de Intervención como el de Secretaria se pronuncien “sobre si están dacordo cun estudo dun gabinete externo e privado”, indicaba su portavoz, Ramón García Argibay.

Y, por supuesto, tampoco descartan convocar a los medios para denunciar la artimaña del ejecutivo, ya que “o tripartito sabía que tiña que devolver os cartos, pero non informou á xente ofrecéndolles a posibilidade de reclamar ao longo deses tres meses por algo mal feito”.