Un 8,5 % más de fondos con el Plan Único de la Diputación coruñesa
La unanimidad de todos los grupos políticos en la Diputación de A Coruña guió la aprobación del Plan Único (POS+2022), que este año invertirá 87,9 millones en los 93 ayuntamientos de la provincia. Se trata del mayor programa de obras y servicios de las cuatro diputaciones gallegas y uno de los más importantes de España, con aportaciones económicas a los municipios que representan casi la mitad del presupuesto anual de la Administración coruñesa. Y en el caso de la comarca, dejará 48.763.684 euros en sus 47 concellos, un 8,5 % más que en 2021.
Entre las particularidades de esta iniciativa destaca que abre la mano a que los entes locales decidan el destino de fondos en función de sus necesidades: obras e inversiones, mantenimiento de servicios públicos esenciales, gasto corriente, reducción de la deuda o mantenimiento de servicios y ayudas sociales. Y es que una de las novedades de este año es que, al hilo de la crisis, se abrirá la mano para que los ayuntamientos puedan destinar parte del montante a los sobrecostes derivados de la subida del precio de la luz, el gas, los carburantes y las obras públicas, cuyos precios se dispararon notablemente en los últimos meses y que suponen un serio problema no solo para familias y empresas, sino también para el grueso de las economías municipales.
Así, por comarcas, los municipios de Área que constan en Barbanza recibirán 10.997.278 euros, mientras que los adscritos a Bergantiños sumarán en esta edición 14.737.374 euros y los del entorno compostelano, un total de 23.029.032 euros.
“Desde a súa creación hai cinco anos, o Plan Único consolidouse como unha ferramenta imprescindible para que os concellos podan financiar obras e servizos que melloran a vida da cidadanía en todos os concellos da provincia”, afirmaba el presidente provincial, Valentín García Formoso, subrayando asimismo “a capacidade de adaptación do POS+ ao escenario socioeconómico actual”, y prestando apoyo a las entidades locales ante situaciones tan graves como las vividas al hilo de la pandemia, la crisis económica y también la Guerra de Ucrania.
González Formoso también se refirió a que, desde el año pasado, el Plan Único incluye un Fondo Social destinado a la financiación de programas sociales municipales que apoyan a los colectivos más desfavorecidos o afectados por la pandemia. Un total de 21 millones de euros fueron destinados a este fin, siete de ellos durante el presente año. Refuerzo de los servicios de asistencia en el hogar para personas mayores, programas de conciliación familiar y laboral o ayudas directas a las familias más vulnerables son algunos de las iniciativas que financia en los concellos este fondo social del POS+.
En cuanto al destino concreto del montante aprobado, constan un total de 23,3 millones para la financiación de 260 obras en la totalidad de los ayuntamientos de la provincia; 14,5 millones para financiación de gasto corriente en 77 municipios; 7 millones para gastos sociales y 252.000 euros para reducción de deuda en quince concellos. Formoso explicó que, desde 2017, el Plan Único inyectó más de 528 millones de euros en los ayuntamientos de la provincia, sufragando un total de 2.987 obras en los concellos coruñeses, “cifras sin precedentes” en los anteriores planes provinciales, que además de mejorar las infraestructuras y servicios municipales, van a contribuir a la generación de actividad económica y de empleo.
CONVENIOS. El pleno provincial aprobó también los convenios con la Axencia de Turismo de Galicia para el desarrollo de los Plans de Sustentabilidade Turística das Fragas do Eume y el destino Xeoparque de Ortegal, con una inversión global de 3 millones de euros financiados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia con fondos Next Generation IU, así como el Plan Xeral de Prevención de Riscos e Medidas Antifraude (Premadecor), que tiene el objetivo principal de garantizar una adecuada gestión de los fondos europeos Next Generation. Con la aplicación de esta nueva herramienta, la Diputación se compromete a reforzar unas prácticas en todos sus estamentos “que non deixen ningunha marxe”, aspiran, a la puesta en marcha de “condutas irregulares, corruptas ou fraudulentas” y que, en tal caso, “estes se detecten e se recobren para o erario público os fondos mal aplicados no prazo máis breve posible”.
La puesta en funcionamiento de los mecanismos antifraude tienen como finalidad principal la protección de los fondos europeos que se canalizan a través del Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, que se anticipan cruciales para el desarrollo de proyectos que mejoren la vida de los ciudadanos y los servicios a su disposición.
En la misma sesión se ratificaba, igualmente, una declaración institucional por el Día Internacional do Orgullo LGTBI+, que se conmemora el próximo martes 28 de junio, haciendo una “defensa nítida do dereito á plena igualdade, á dignidade, e ao libre desenvolvemento da identidade sexual e/ou de xénero”.
En el texto, apoyado también por todos los grupos políticos que conforman esta Corporación provincial, se hace hincapié en la “importancia de seguir a construír sociedades máis tolerantes que convivan na diversidade e promovan o cumprimento dos dereitos vulnerados destes colectivos”. Y, al tiempo, se aclara que, a pesar de que “é certo que houbo avances, é necesario persistir, esforzarnos e denunciar actitudes homófobas, sexan do grado que sexan”. “Desde as institucións debemos asegurar a igualdade efectiva de todas as persoas LGTBI e as súas familias, é a nosa obriga poñer freo aos discursos de odio que desde hai tempo se están a escoitar”, aportan.
Por ello, la Diputación coruñesa muestra “o seu compromiso de continuar na promoción de actitudes políticas que favorezan a concienciación social para un cambio de mentalidade que erradique actitudes LGTBfóbicas”, e insta “ás administracións competentes para que acaden consensos na adopción de medidas para prohibir e eliminar todo trato discriminatorio”.