Dieselgate

El TJUE resuelve que los afectados por el ‘dieselgate’ tienen derecho a cobrar una indemnización

La Justicia europea resuelve que la legislación europea "protege los intereses del comprador frente el fabricante de vehículos". | La cuantía de la indemnización la deben calcular los Estados miembros, que no pueden "imposibilitar o dificultar en exceso" el acceso a la misma.

El TJUE resuelve que los afectados por el ‘dieselgate’ tienen derecho a cobrar una indemnización.

El TJUE resuelve que los afectados por el ‘dieselgate’ tienen derecho a cobrar una indemnización.

Álex Soler

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha puesto punto y final a una de las últimas polémicas desatadas a raíz del “dieselgate” -el escándalo de las emisiones destapado en 2015- al reconocer el derecho de los afectados a cobrar una indemnización por parte del fabricante que haya instalado ilícitamente un dispositivo para manipular los datos de las emisiones de un vehículo.

El fallo sirve para resolver el caso que enfrenta a un ciudadano alemán con la marca Mercedes-Benz después de que el cliente comprara un vehículo con un dispositivo que falseaba sus emisiones. El comprador del coche recurrió al Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Ravensburg, que derivó el caso a la Justicia europea para resolver si el demandante tenía derecho a reclamar la indemnización y, en caso afirmativo, cómo se debía calcular la cuantía de la misma.

Conclusiones y cuantía de la indemnización

Según el fallo, “el comprador de un vehículo equipado con un dispositivo de desactivación ilícito goza de derecho a ser indemnizado por el fabricante de automóviles”. El texto resuelve que la legislación europea protege “los intereses particulares del comprador individual de un vehículo de motor frente al fabricante cuando este esté equipado con un dispositivo de desactivación prohibido”.

Por tanto, la ley europea “establece un vínculo entre fabricante y comprador de un vehículo” y tiene el objetivo de “garantizar al comprador que dicho vehículo cumple con la legislación de la UE”, con lo que “los Estados miembros están obligados a prever que el comprador del vehículo goce de un derecho a ser indemnizado por el fabricante de este”.

En cuanto a la cuantía de la indemnización, el tribunal explica que corresponde a los Estados miembros determinar los criterios para su cálculo, pero les obliga a “no imposibilitar o dificultar excesivamente la obtención de una indemnización adecuada a los daños causados al comprador”. Asimismo, el fallo del TJUE insta a los gobiernos nacionales a evitar que se “produzca un enriquecimiento injusto de los beneficiarios”.

Dieselgate, ocho años de polémicas

El término “dieselgate” fue desconocido para todo el mundo hasta que, en 2015, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, y la Junta de Recursos del Aire de California (CARBacusaron Volkswagen de usar en sus coches un dispositivo ilegal para reducir las emisiones de gases contaminantes de los vehículos diésel en las pruebas de homologación. Ambas entidades citaron un estudio de la Universidad de West Virginia realizado con modelos de la marca Volkswagen y BMW entre 2012 y 2015.

Volkswagen admitió que hasta 11 millones de coches estaban afectados y que podían llegar a emitir hasta 40 veces menos de los niveles de óxidos de nitrógeno (NOx) permitidos. Según la EPA, estaban afectados los motores TDI de 1.2, 1.6, 2.0 y 3.0 litros de hasta 40 modelos de las marcas Volkswagen, Audi, Seat, Porsche y Skoda.

A partir de ahí arrancó todo un proceso jurídico que ha tenido como hitos la llamada a revisión, a instancias de la Comisión Europea, de más de 8,5 millones de vehículos del Grupo Volkswagen en la Unión Europea para repararlos y eliminar ese sistema de reducción de emisiones; el pago en 2016 de más de 15.000 millones de dólares en Estados Unidos para compensar a los propietarios de vehículos afectados; la multa impuesta en 2018 por la fiscalía alemana de 1.000 millones por la manipulación de emisiones; la compensación, por más de 9.000 millones de euros, a sus inversores por las pérdidas a raíz del escándalo o la acusación a un total de 15 directivos del grupo, entre ellos Martin Winterkorn, por aquel entonces director ejecutivo del grupo, por su implicación en el escándalo.

En 2021, tras años de batalla legal, la OCU ganó en España una demanda contra la automovilística en la que pedía que se reconociera el engaño del Grupo Volkswagen y se indemnizara con 3.000 euros a cada afectado, con lo que la compañía debía pagar un total de 16,33 millones de euros en concepto de indemnizaciones. La sentencia fue recurrida por el grupo alemán, que vio como en otros países, como Italia, se dictaban sentencias parecidas.

Otras marcas relacionadas con la manipulación de emisiones

Además de los vehículos del Grupo Volkswagen, se ha acusado a otras compañías automovilísticas de usar dispositivos ilegales para manipular las pruebas de emisiones en sus vehículos. Entre ellas están el grupo FCA -ahora parte de Stellantis tras fusionarse con PSA- que en 2019 acordó pagar más de 500 millones en multas y compensaciones en Estados Unidos y Mercedes-Benz AG -entonces llamada Daimler- que acordó pagar más de 1.500 millones de dólares en multas en 2019. SuzukiMitsubishi Ford -que notificó que había descubierto un problema en las pruebas de emisiones de algunos de sus vehículos, por lo que fue multada pero no acusada de manipulación- son algunos ejemplos más.

General Motors y el Grupo Renault también han sido señaladas por el asunto, pero no hay sentencias ni conclusiones en ninguno de los dos casos. La firma francesa negó las acusaciones, realizadas por las autoridades francesas en enero de 2021, y aseguró estar cooperando con cualquier investigación.