Choque entre Transportes, Unidas Podemos y BNG a cuenta de la torre de control de Lavacolla

Choque frontal entre el Ministerio de Transportes, Unidas Podemos y el BNG a cuenta de la privatización de la torre de control del aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro. Tanto BNG como la formación morada exigen que el servicio de la torre de control aeroportuaria sea de titularidad pública frente al criterio del Ministerio dirigido por Raquel Sánchez Jiménez, que anunció recientemente su intención de privatizar las torres de control de siete aeropuertos a propuesta de Aena.

El pasado 9 de febrero, Transportes inició el proceso de participación pública del proyecto de la Orden Ministerial que permitiría a Aena la liberalización de la gestión del servicio de control aéreo de la terminal de Lavacolla. En contra se posiciona el BNG, que ha presentado una enmienda porque entiende la necesidad de hacer público el servicio de las torres por "razones de seguridad aérea". Unidas Podemos, por su parte, maniobra para introducir una nueva disposición adicional por la que se declare la "titularidad pública del servicio de las torres de control aeroportuarias", según se desprende de una enmienda registrada a la Ley de Movilidad Sostenible.

La formación morada sostiene que el control por parte del sector público de las infraestructuras aeroportuarias es un elemento "estratégico de seguridad nacional". "El servicio de las torres de control aeroportuarias constituye una infraestructura crítica para el transporte aéreo en España", defiende. Por ello, Unidas Podemos considera "esencial" que este servicio de las torres mantenga su carácter público en el caso de las torres que ya lo tienen (Santiago, Tenerife Sur y Norte, Málaga, Gran Canaria, Bilbao y Palma) y que, una vez finalicen sus contratos donde este servicio fue privatizado con anterioridad, este servicio pase de nuevo al sector público.

Después de que Transportes diese el pistoletazo de salida al proceso de privatización, BNG, Unidos Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu presentaron en el Congreso una proposición no de ley para paralizarlo. El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, remarcó que esta reactivación de la privatización se produce “en un momento de huelga de los controladores del sector privado, por la precariedad y el empeoramiento de sus condiciones laborales”. Sostiene que “quedó demostrado que las torres privatizadas no ganaron ni en eficacia ni en eficiencia”. 

El PSOE, por su parte, que defendía la privatización de los servicios, acordó con Bildu, ERC y BNG en la comisión de transportes del Congreso "proceder a la revisión" de la orden ministerial del Ministerio liderado por la socialista Raquel Sánchez.

"La privatización aumentaría los costes notablemente"

La privatización de la torre de control de la terminal de Lavacolla supondría la contratación de al menos una docena de controladores aéreos más, por lo que, pese a que una parte del servicio será externalizado, los costes no solo no se reducirían sino que aumentarían notablemente. Así lo aseguraba a EL CORREO GALLEGO Susana Romero, controladora aérea en Santiago y portavoz del sindicato USCA, a principios del pasado mes de febrero.

“Os servizos que presta a torre de Lavacolla son máis amplos cos das torres de A Coruña e Vigo, xa privatizadas. O aeroporto de Santiago está aberto as 24 horas do día e ademáis conta co radar que controla o espazo aéreo galego (todas as aeronaves que sobrevoan Galicia), presta servizo a Alvedro e Peinador e regula todas as maniobras de aproximación do norte de Portugal, é dicir, o descenso de todos os voos procedentes do norte de Europa que toman terra na pista de Oporto”, explicó Romero.

La portavoz de USCA en Santiago detalló que actualmente en Lavacolla se trabaja a turnos, con cuatro profesionales en cada uno, doce al día, que se encargan de torre y radar, por lo que calcula que para el funcionamiento de la torre durante las 24 horas serían necesarias al menos doce personas, sin que esto signifique que se vaya a reducir la plantilla actual de 34.

“Non ten sentido, e menos cando é evidente que para a xestión dunha torre de control como a de Santiago fan falta persoas cunha certa experiencia”, subraya la controladora, que no entiende la decisión del Gobierno, sobre todo, “porque os datos evidencian que esta é unha torre con moi poucas demoras. En todo 2022 sumamos só 150 minutos de retrasos e a maioría se deberon a inclemencias do tempo, non á xestión do control aéreo”, destacó.

Romero está absolutamente convencida de que la privatización no permitirá reducir costes de gestión o personal, ni tampoco disminuir las demoras, “porque xa son moi baixas en comparación con outros aeroportos”, ni rebajar el precio de los billetes, uno de los argumentos que utiliza el Gobierno para justificar la liberalización del servicio.