ACS, Acciona, OHLA, Azvi y Rover construirán el 'megaproyecto' de la Ciudad de la Justicia de Madrid

La Comunidad de Madrid adjudicará a un consorcio formado por OHLA, Azvi y Rover Infraestructuras y a otro en el que participan Dragados (filial de ACS) y Acciona las obras de construcción de la nueva Ciudad de la Justicia de la región, que se ubicará en el barrio de Valdebebas, en el noroeste de la capital. Las empresas mencionadas se han impuesto a otras uniones temporales de empresas (UTE) formadas por Ferrovial, Sacyr y FCC; San José y Avintia; Ortiz, Lantania y Vías y Construcciones (también filial de ACS).

OHLA, Azvi y Rover se han adjudicado el primer lote, tras obtener 87,25 puntos de los 100 posibles. San José y Avintia lograron 83,61 puntos; Dragados y Acciona, 73,98; Ortiz, Lantania y Vías y Construcciones, 72,64; y Ferrovial, Sacyr y FCC, 59,94. Por su parte, Dragados y Acciona se han alzado con el lote número dos, tras lograr 84,87 puntos, una puntuación ligeramente superior a la UTE ganadora del primer lote, que obtuvo 84,08 puntos. Por detrás quedaron San José y Avintia (79,92) y Ferrovial, Sacyr y FCC (76,67). La adjudicación definitiva se espera que sea durante el próximo mes de julio.

El primer lote incluye la construcción y puesta en marcha del Tribunal Superior Justicia de Madrid, las secciones civiles y penales de la Audiencia Provincial, dependencia y salones, un aparcamiento 2.900 plazas, 460 plazas de aparcamiento restringido y la urbanización perimetral. Se licitó por 202 millones de euros. El segundo lote, el de más valor, ya que cuenta con un presupuesto de 476 millones, engloba el desarrollo de los juzgados de todos los órdenes jurisdiccionales, la fiscalía, los servicios comunes, el depósito de efectos, el archivo y el aparcamiento subterráneo y restringidos 2.000 plazas.

Plazos de la nueva Ciudad de la Justicia

La intención de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, organismo que licita las obras, es que la nueva Ciudad de la Justicia esté plenamente construida y operativa en 2028. Está previsto que, en septiembre de 2026, entren en servicio el Tribunal Superior de Justicia, las secciones civiles y penales de la Audiencia Provincial, los Juzgados de Primera Instancia generales y sus aparcamientos restringidos, un aparcamiento público y otro restringido y los servicios administrativos polivalentes.

La segunda fase se levantará entre octubre de 2026 y septiembre de 2027. Esta incluye el edificio de la Fiscalía, los Juzgados de Menores, los Juzgados de Primera Instancia de Familia, de Incapacidades, de Cláusulas Suelo, los Juzgados de lo Mercantil, Social y Contencioso-Administrativo, además de todos los edificios con sus correspondientes aparcamientos subterráneos y servicios auxiliares. Por último, la tercera, los Juzgados de Instrucción, Penal, Violencia sobre la Mujer y Vigilancia Penitenciaria, el depósito de efectos judiciales, el archivo y el resto de edificios, culminarán sus obras entre octubre de 2027 y diciembre de 2028.

20 años sin materializarse

La historia de la Ciudad de la Justicia madrileña comienza hace más de veinte años: su concepción se inició en 2003, fue presentada en 2004 y aprobada en 2005. Con el estallido de la crisis financiera, entre 2007 y 2008, el proyecto se vio abocado al fracaso, hasta que en 2014 se liquidó la empresa pública promotora. Durante el mandato de Ignacio González al frente de la Comunidad de Madrid se volvió a retomar, pero volvió a enterrarse en 2017.

En 2022, con Isabel Díaz Ayuso al frente del gobierno regional, se recuperó la idea original. En un inicio, los planes de la comunidad eran desarrollarlo a través de un modelo concesional, pero la baja rentabilidad y la inestabilidad en los mercados financieros por el giro del Banco Central Europeo (BCE) de los tipos de interés provocó que el concurso quedase desierto. Posteriormente, la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local volvió a redactar unos nuevos pliegos, estos como un contrato de obras al uso, no en concesión, que sí despertaron interés entre las principales empresas constructoras y de infraestructuras nacionales.