PNV pide al Gobierno no obstaculizar la compra de Talgo tras "dar marcha atrás" la SEPI

El PNV ha exigido este martes al Gobierno central que "deje de obstaculizar" la operación de compra del 29,8 % de Talgo por una sociedad liderada por el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y ha asegurado que la SEPI ha dado "marcha atrás" en su compromiso inicial de aportar 150 millones de euros para esta operación.

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha afirmado en una nota que "si la operación fracasa, será el Gobierno español quien tenga que explicar a la ciudadanía vasca las razones de este fracaso. Aún se puede desencallar la situación, pero no hay tiempo que perder".

El PNV señala que el Gobierno central, a través de la sociedad estatal SEPI, se comprometió inicialmente a apoyar la operación vasca y fortalecer a la empresa mediante un préstamo convertible de cerca de 150 millones de euros para que pudiera hacer frente a sus necesidades financieras.

Posteriormente, la sociedad estatal propuso que la operación se dividiera en dos, de forma que el Gobierno central se hiciera cargo de 75 millones y el consorcio vasco liderado por Sidenor (en el que participan también el fondo público vasco Finkatuz y las cajas BBK y Vital), de los 75 restantes, añade el PNV.

El grupo parlamentario denuncia que el consorcio de inversores se está encontrando con "trabas" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez para cerrar la compra y recuerda que esta es una compañía estratégica para Euskadi, que dispone de una tecnología puntera en el sector ferroviario.

El preacuerdo entre los vendedores (la sociedad Pegaso, fundamentalmente el fondo Trilantic) se firmó el 14 de febrero pasado e inicialmente estaba previsto que se cerrara en unas semanas, a un precio de unos 155 millones por el 29,77 %.

El PNV defiende que Talgo mantenga su arraigo en Euskadi, donde tiene su planta más importante en Rivabellosa (Álava), de la que viven alrededor de 700 familias. Su segunda planta está en Las Rozas (Madrid), con 500 trabajadores, donde tiene su sede social, que el consorcio comprador tiene previsto trasladar a Euskadi.

Vaquero insta a cerrar el acuerdo para que la compañía pueda dar salida a una cartera de pedidos del entorno de 4.000 millones de euros y mantener el empleo en el territorio. EFE

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