El Gobierno usará la IA para mejorar los procesos de selección y eliminar la obligación de la cita previa

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública quiere dar un nuevo impulso a la modernización de la Administración General del Estado a través de la inteligencia artificial (IA), con una estrategia que eliminará la obligación de la cita previa en trámites administrativos, reformará el acceso a la función pública y mejorará la gestión de datos. Esta hoja de ruta, dotada con 43 millones de euros, fue presentada este lunes por el ministro Óscar López bajo el lema 'Consenso por una Administración abierta'.

"A los saltos que dio la Administración con la llegada de internet o el algoritmo, ahora la IA permitirá dar un tercer salto en la administración digital. Estamos decididos a revolucionar la administración, fortaleciéndola", ha indicado López durante la rueda de prensa. La nueva estrategia pretende aprovechar el potencial de la IA con garantías, desplegando "todas las salvaguardas necesarias de protección de datos" y para ello invertirá 14 millones de euros en la licitación de una plataforma "soberana" y "cibersegura" de inteligencia artificial. Esta IA de la administración permitirá coordinar y ordenar los distintos sistemas de gestión de datos públicos.

Escuela de funcionarios

Uno de los pilares de esta transformación será la reforma del sistema de acceso a los cuerpos de mayor rango A1 y A2 de la Administración. El modelo actual de oposición dará paso a un sistema mixto, en el que los aspirantes deberán superar un examen de acceso y posteriormente cursar un posgrado especializado en escuelas de Función Pública antes de optar a una plaza, en función de su expediente académico. Aquellos estudiantes que no accedan a la administración contarán con una titulación, homologable a un máster.

"Este modelo aspira a combinar máximo rigor e igualdad de oportunidades, alineado con estándares europeos, y a renovar la función pública incorporando perfiles especializados, como científicos de datos o analistas de políticas públicas", ha puntualizo el ministro.

El objetivo es atraer perfiles más preparados y diversificar el acceso a la función pública en un momento en el que las ofertas públicas de empleo ya superan la tasa de reposición. “Queremos una Administración que no solo sea más numerosa, sino mejor cualificada”, ha defendido López.

Trámites sin cita previa y oficinas “todo en uno”

La estrategia también contempla medidas para reducir la burocracia, como la eliminación de la obligación de la cita previa en los trámites administrativos, algo que requerirá una modificación legal. Además, se implementará el sistema "SimplexEsp", que permitirá presentar formularios administrativos precumplimentados de manera similar al borrador de la declaración de la renta o a las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea.

Otra de las novedades será la puesta en marcha de oficinas “todo en uno”, donde los ciudadanos podrán acceder a múltiples servicios de la Administración en un solo punto, como por ejemplo empadronarse en una oficina de Correos.

Reacciones contrarias

La secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, ha destacado que esta estrategia ha sido fruto del diálogo y el consenso con comunidades autónomas, sindicatos, partidos políticos, organizaciones civiles, expertos y ciudadanía. Sin embargo, pocas horas después de que el Ministerio hiciese pública la reforma, varios sectores del funcionariado se han levantado en contra.

Uno de ellos es la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), uno de los Sindicatos más representativos en la Administración Pública de España. Su presidente, Miguel Borra, considera que el nuevo modelo de oposiciones no resolverá los problemas de fondo de la administración pública porque no aborda el déficit de personal, con un 60% de empleados próximos a la jubilación, ni la alta temporalidad, que afecta al 30% de las plantillas. Además, critica los procesos de selección lentos, la falta de subida salarial y las desigualdades entre administraciones. “Seguimos sin subida y con plantillas infradimensionadas”, ha denunciado.

Por su parte, los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) también rechazan el nuevo sistema de acceso a la alta función pública porque consideran que atenta contra los principios de objetividad, mérito y capacidad. Según la asociación, el modelo, basado en un curso de posgrado y un examen posterior, supone una rebaja en los criterios y conocimientos exigidos actualmente para acceder a los grupos A1 y A2. Así, para la IHE, la medida busca "demoler el capital humano" de la Administración, al sustituir un sistema competitivo y transparente por otro que consideran más subjetivo y menos riguroso.