Empresas
Indra afronta un consejo clave marcado por los avances en la fusión con Escribano (EM&E) y el interés en Tecnobit y Comforsa
Grupo Oesía, matriz de Tecnobit, descarta la venta de cualquiera de sus empresas y trabaja en la presentación de un nuevo plan estratégico

De izquierda a derecha: Ana María Sala, Ángel Escribano, José Vicente de los Mozos y Virginia Arce, en la junta general de accionistas de 2025.

Día clave para la cotizada del Ibex 35 que mejor desempeño bursátil logra este año, un 128%. Indra afronta este martes un consejo de administración donde se espera conocer las conclusiones de la comisión 'ad hoc' que está supervisando la fusión por absorción de Escribano (EM&E). El consejero delegado José Vicente de los Mozos, además, pondrá en conocimiento de los vocales el interés en la adquisión de Tecnobit, filial de Grupo Oesía centrada en productos y soluciones tecnológicas de vanguardia para sectores como la defensa, y la empresa pública catalana Comforsa, especializada en la fabricación de piezas de forja para el sector del vehículo industrial y maquinaria pesada.
Indra se encuentra en pleno proceso de adquisión de compañías para ganar tamaño y capacidad industrial de cara a competir contra los gigantes del sector de la defensa como Leonardo, Rheinmetall o Thales en los grandes contratos del Plan de Rearme de la Unión Europea. La compañía ha seleccionado hasta una veintena de empresas con ese objetivo y las tres aparecen en ese listado, pero no va a ser fácil poder concretar las operaciones al ritmo que la dirección de la cotizada desearía. Este mismo lunes, Grupo Oesía, matriz de Tecnobit, lanzó un duro comunicado en el que reiteró que "descarta la venta de cualquiera de sus empresas" y trabaja en la presentación de un nuevo plan estratégico hasta 2030. "Nuestro objetivo principal es continuar con un crecimiento rentable y sostenible a través del desarrollo de tecnología española, con autoridad de diseño y de uso dual, para fortalecer la soberanía nacional y la autonomía estratégica europea", apuntó.
La compañía que lidera Ángel Escribano, sin embargo, cuenta con el aval del Gobierno para ser el tractor del sector en España -la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es el principal accionista con el 28% de las acciones- y con capacidad de endeudamiento suficiente como para ganarse el favor de sus posibles objetivos. Indra cerró el primer semestre del año con tan solo una deuda de cuatro millones de euros y el plan de la operación con Escribano (EM&E) es realizarla a través de una ampliación de capital que solo suscribirían los dueños de la compañía industrial madrileña, el propio Ángel Escribano y su hermano Javier. La comisión 'ad hoc' creada para esquivar el reconocido "conflicto de interés" está formada por dos vocales partidarios de que salga adelante la fusión, Eva María Fernández y Josep Oriol Pinya, y la critica Belén Amatriain, después de que Bernardo Villazán dimitiera el 29 de agosto alegando "asuntos personales".
Fuentes financieras apuntan a que la fusión entre Indra y EM&E todavía no está cerrada, aún le queda por superar muchos escollos legales, como la convocatoria de una junta extraordinaria de accionistas, pero podría concretarse antes de que termine el año. Pese a ello, la operación cuenta con el consenso de los principales accionistas de la compañía como la SEPI (28%), Sapa (7,94%) y el fondo de inversión británico Amber Capital (7,24%). Los hermanos Escribano se han comprometido a no tomar una participación mayor que el propio Estado, por lo que se espera que su participación se quede entorno al 25% del capital de Indra. Ambas firmas han contratado a una legión de bancos de inversión y bufetes de abogados para engrasar una operación valorada entre 1.000 y 1.500 millones y que podría acabar incluso en los tribunales sino se siguen las más estrictas medidas de gobernanzas de las empresas cotizadas. Indra cuenta con el asesoramiento legal de los abogados de Garrigues y Latham & Watkins y ha fichado a AZ Capital, Morgan Stanley y PwC. Por su parte, EM&E tiene en nómina a JP Morgan, Banco Santander y el despacho Linklaters, que lidera el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Sebastián Albella.
Indra se acerca a la Generalitat
Otro de los nombres que la cotizada baraja en este momento es el de Comforsa, compañía controlada por el conglomerado público Avançsa de la Generalitat de Catalunya. Comforsa cuenta ahora mismo con una plantilla de 370 personas y cuatro fábricas en la comarca gerundense del Ripollés, tres en la población de Campdevànol y una en Ripoll. En 2024, cerró con beneficios de 1,6 millones y una facturación de 66 millones. A pesar de ello, estas cifras no pueden esconder que entre 2016 y 2020 la compañía recibió una inyección pública de 36 millones por parte de la Generalitat. Aunque no hay conversaciones avanzadas entre Indra y el Ejecutivo de Salvador Illa, el plan de Ángel Escribano pasa por aprovechar estos centros de producción para fabricar munición y dotar de autonomía estratégica al Ejército. Illa mantendría el empleo gracias a los planes de crecimiento de Indra y a cambio borraría las pérdidas de una empresa que está bajo el paraguas de la Generalitat desde 1998.
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