Nuevas medidas de la Xunta ante la crisis de la vivienda: compra de bajos comerciales y rebajas en el ITP

Alfonso Rueda acaba de anunciar nuevas medidas que recogerán los presupuestos de la Xunta para 2026, cuyo proyecto se aprobará mañana. En un acto de Madrid, el presidente gallego ha puesto el foco en la promoción de la vivienda ante las crecientes dificultades para su acceso por la espiral de precios. Por una parte, Galicia subirá el tope del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) por la compra de una vivienda de segunda mano para que se beneficien más personas y, por otra, la Xunta impulsará un proyecto piloto para adquirir bajos comerciales en los edificios para destinarlos a alquileres sociales.

Así lo ha adelantado Rueda en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en la que ha puesto en valor las medidas que ha impulsado desde su Gobierno para la utilización de bajos, como la reforma normativa que puso en marcha para facilitar el cambio de uso de bajos comerciales a viviendas.

La compra de vivienda usada está gravada actualmente con un 8% de ITP con carácter general, aunque los menores de 36 años, familias numerosas y otros colectivos protegidos pagan un 3%. Y estaba reservada a personas con un patrimonio de 200.000 euros, incluyendo el piso.

El cambio anunciado para 2026 consiste en subir el tope a 240.000 para que entren el 95% das compras. Y además, se incorpora al colectivo protegido a las familias monoparentales.

Después de destacar el «evidente problema» de la vivienda en España, Rueda ha señalado que el sistema de comercio ha cambiado, recalcando que los bajos, que antes eran muy cotizados, ahora nadie los quiere «y degradan las ciudades, especialmente los centros».

«Por lo tanto, hay que ser práctico, y lo que se hace en muchos sitios de Europa, ¿por qué no se puede hacer aquí?», se ha preguntado Rueda, que ha apostado por dar «facilidades» para que la gente «pueda vivir» en estos bajos.

Durante su intervención, el presidente gallego también se ha referido al «clamor» para rescatar las diferentes autopistas del norte de España, como la AP-9, sugiriendo que si esta reivindicación fuera en Cataluña «sería de otra manera».

Esto se produce después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, dijera este miércoles en el Congreso que no contempla tomar ninguna decisión sobre la autopista del Huerna, en Asturias y que tiene una situación similar a la AP-9, hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia Europeo.

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