La patronal eólica denuncia una “moratoria judicial” que paraliza el desarrollo de las renovables

La Asociación Eólica de Galicia (EGA) ha alzado la voz contra lo que considera un bloqueo judicial sin precedentes que mantiene paralizados decenas de proyectos de energía renovable en la comunidad. La entidad alerta de una situación de “moratoria judicial”, provocada por la contradicción constante entre los tribunales gallegos y las instancias españolas y europeas, y asegura que la inseguridad jurídica está frenando la inversión, el empleo y la transición energética en Galicia.

Según EGA, las resoluciones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que han suspendido de forma cautelar más de 90 proyectos y 2.500 megavatios (MW) de potencia, chocan de lleno con los fallos del Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ambos órganos superiores han respaldado la legalidad de los procedimientos seguidos por la Xunta de Galicia, así como la validez de las evaluaciones ambientales que acompañan las autorizaciones administrativas.

Pese a esta jurisprudencia, la sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal gallego ha decidido revocar la autorización del parque A Ruña III, en Mazaricos (A Coruña). Según EGA, el TSXG argumenta que el proyecto debía tramitarse junto a su línea eléctrica, una infraestructura que ya está en funcionamiento. “Hemos llegado al colmo del paroxismo”, lamenta la asociación, que compara la situación con “tener que pedir una nueva declaración ambiental para toda la autopista AP-9 solo por abrir un nuevo acceso”.

El sector eólico también critica que la sentencia mencione la proximidad del parque a la Red Natura, cuando en realidad existe una distancia de 4,5 kilómetros. “No hay ninguna sospecha de daño ambiental, y aun así los jueces anulan el proyecto basándose en un informe privado, abstracto y genérico”, señala EGA. La organización advierte que esta situación genera una “incertidumbre, inseguridad y zozobra jurídicas” que “atan de pies y manos” a las empresas gallegas y frenan el progreso del territorio.

Impacto económico y fuga de talento

Según los cálculos del sector, este bloqueo judicial provoca cada año la pérdida de 2.750 empleos y 6.300 millones de euros en inversión, además del éxodo de empresas y la ruptura de la cadena de valor industrial. “Galicia no puede permitirse esta inercia destructiva”, subraya EGA, recordando que la región sufre un descenso del 32 % en el consumo eléctrico y un aumento de la dependencia de combustibles fósiles.

La Asociación insiste en que es urgente una política que integre la visión ambiental e industrial, acorde con la directiva europea que reconoce a las energías renovables como un bien de interés público superior. “La interpretación de la ley no puede quedar al azar ni al arbitrio de cada órgano judicial”, advierte la organización, que reclama un marco común y estable para garantizar energía limpia, sostenible y asequible.

EGA denuncia además que se ha construido un relato falso en torno al impacto territorial de la eólica en Galicia. Recuerda que más del 90 % del territorio ya está protegido por la Red Natura, la Reserva de la Biosfera, el Camino de Santiago y otras figuras ambientales. “Los proyectos que se aprueban cumplen todas las normas; el 60 % son rechazados por no hacerlo”, puntualiza.

La entidad recuerda que Galicia llegó a tener la mayor fábrica de palas de Europa y un tejido industrial puntero en energías renovables, hoy en retroceso. “El sector agoniza”, lamenta EGA, que asegura que muchos de sus profesionales se ven obligados a emigrar al extranjero ante la falta de oportunidades.

“Estamos ante una moratoria judicial”, concluye la asociación. “Pensábamos que las sentencias del Supremo y de Europa desbloquearían los proyectos eólicos, pero seguimos atrapados en la maraña. Las consecuencias son muy graves”.

Reafirma suspensión de Monte Contado

Mientras, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se refirma en un nuevo auto en la paralización cautelar del parque eólico Monte Contado, promovido por Naturgy en los municipios de Lugo y Castroverde.

El pasado mes de junio, el TSXG ya informó de un auto de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo adoptó esta medida cautelar por "probables daños irreversibles al medio natural que conllevarían las obras autorizadas en el expediente". Además, señalaba que algunos de los aerogeneradores se situarían a menos de un kilómetro de núcleos urbanos, así como la coincidencia de algunas de las infraestructuras del parque con zonas de máxima sensibilidad ambiental, según la clasificación sobre sensibilidad ambiental proporcionada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Ahora, el TSXG emitió outro auto, en respuesta a solicitud de Adega, en el que se reafirma en esta suspensión cautelar.