María Cadaval: «Sostener el Estado de bienestar exige una gestión pública eficiente»
La economista de la USC y el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, participan en Valencia en la XIII Jornada de la RIFDE sobre financiación autonómica

XIII jornadas RIFDE sobre financiación autonómica celebradas en Valencia / cedida
La Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (RIFDE) celebró en Valencia su XIII Jornada, un encuentro marcado por la preocupación sobre la sostenibilidad del gasto público autonómico y la falta de actualización del sistema de financiación. Se constató que España ha incrementado su gasto sobre el PIB en las últimas dos décadas, acercándose a la media europea, aunque con un mensaje compartido por los expertos: «no basta con más recursos, hace falta utilizarlos mejor».
En la clausura, la profesora de Economía Aplicada de la USC, miembro del Foro Económico de Galicia y codirectora de RIFDE, María Cadaval, lanzó una advertencia clara: «Si España aspira a sostener el Estado de bienestar y atender unos servicios esenciales que crecen empujados por la demografía, la innovación tecnológica y las nuevas necesidades sociales, deberá apostar por una gestión pública más eficiente, por la evaluación rigurosa de las políticas públicas y por una cogobernanza multinivel real», algo que solo será posible con «un sistema de financiación autonómico estable, predecible y equitativo».

La profesora de Economía Aplicada y miembro del Foro Económico de Galicia, María Cadaval / ECG
El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, participó en una mesa política junto a responsables de otras comunidades, donde coincidieron en que «las necesidades crecen más rápido que los recursos». Señalaron que las presiones en sanidad, el envejecimiento demográfico y gastos que se han vuelto estructurales tras los fondos Next Generation condicionan las cuentas autonómicas incluso en contextos de crecimiento económico, demostrando que el modelo vigente se ha quedado desajustado.
Las jornadas analizaron también la presión sobre los servicios esenciales, con expertos alertando del aumento de la demanda en sanidad y dependencia, y de la necesidad de reorganizar recursos en educación ante la caída de alumnado y el impacto de nuevas tecnologías. Además, se revisó el gasto en servicios no esenciales, que ya supone el 26% del total autonómico, con grandes diferencias entre territorios.
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