Los empresarios gallegos piden menos burocracia y apoyo real a las pymes y autónomos en 2026
La CEG alerta del impacto del intervencionismo, de la rigidez laboral y del deterioro de infraestructuras críticas. Aboga por políticas que impulsen emprendimiento, competitividad y reindustrialización

Juan Manuel Vieites, este jueves / cedida

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) hizo balance de 2025 y presentó prioridades para 2026, en un contexto marcado por la incertidumbre económica, la necesidad de atraer inversión y el desafío de mantener la competitividad del tejido productivo gallego. El presidente Juan Manuel Vieites subrayó la importancia del consenso, la negociación y la necesidad de alejarse de «imposiciones» e «intervencionismos», destacando la reducción de burocracia y la creación de un entorno favorable al emprendimiento y al crecimiento empresarial.
En 2025, la CEG reforzó su papel como foro de referencia para el empresariado gallego, impulsando iniciativas en sostenibilidad, innovación, formación, financiación e internacionalización. Inauguró un ciclo sobre sostenibilidad, incluida una jornada dedicada al sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), y firmó acuerdos con Banco Sabadell Gallego y Abanca para movilizar hasta 950 millones de euros en financiación para pymes, autónomos e inversiones en transformación digital y eficiencia energética.
La entidad renovó convenios en prevención de riesgos laborales, colaboró con la USC en mediciones de gas radón y celebró el primer Foro de Prevención del Riesgo Psicosocial. Además, intensificó su apoyo al tejido emprendedor, especialmente a pequeños negocios y autónomos, reclamando menos cargas administrativas, fiscales y de seguridad social. Galicia sigue siendo la comunidad con mayor proporción de autónomos por habitante, y la tasa de actividad emprendedora (TEA) alcanzó el 6,5%, la más alta en diez años.
La organización destacó el trabajo de sus departamentos especializados, como el Servicio de Información Comunitaria e Innovación, la red Enterprise Europe Network, EURES Galicia–Norte de Portugal y SALT. Se impulsaron informes sobre movilidad laboral y empresarial en la Eurorregión y se asesoró a empresas gallegas en contratos internacionales, incluidos proyectos del Ministerio de Defensa.
La patronal gallega reforzó su presencia exterior con encuentros bilaterales con la Confederación Canaria de Empresarios y planes para un foro empresarial conjunto con Foment del Treball en Barcelona, además de reuniones con delegaciones diplomáticas de países como China, EE. UU., Polonia, Filipinas, Cabo Verde o Portugal.
Prioridades y retos
Para 2026, la CEG reclama que los Presupuestos de la Xunta y del Estado garanticen apoyo estable a pymes y autónomos, especialmente en financiación, innovación y transición sostenible. La patronal alerta de la vulnerabilidad de infraestructuras críticas, recordando el apagón eléctrico de abril de 2025 y su impacto sobre inversiones, implantación industrial y equilibrio territorial.
Pide inversión urgente en redes, redundancia energética y un marco regulatorio que evite repercusiones económicas graves. Vieites advirtió que el freno al despliegue eólico pone «en riesgo la reindustrialización de Galicia».
En materia laboral, la CEG rechaza el exceso de intervencionismo y reclama diálogo social real. Alertó de que la reducción obligatoria de la jornada a 37,5 horas semanales no se adapta a la realidad de pymes y micropymes y podría afectar la creación de empleo.
Sostiene que cualquier mejora laboral debe acompañarse de aumentos de productividad y aplicación gradual, no de medidas «abruptas». Sobre el SMI, respalda una subida del 1,5% en 2026, condicionada a la aplicación de las reglas de absorción y compensación, preservando la negociación colectiva.
Absentismo
La Confederación subrayó que Galicia sufre un absentismo muy superior a la media nacional: en 2024, la duración media de las bajas por contingencias comunes fue de 81,95 días frente a 42,47 en España, con un coste directo de 432,6 millones de euros. Entre 2019 y 2025, las bajas de más de 365 días se multiplicaron por 6,4. Vieites advirtió que esto amenaza la competitividad y reclamó un compromiso serio de administraciones, sistema sanitario, mutuas y empresas para mejorar diagnósticos, agilizar recuperaciones y controlar bajas fraudulentas.
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