Bélgica bloquea 482 millones a España por los impagos de indemnizaciones por los recortes a las renovables

Nuevo frente en la gran batalla legal de inversores internacionales contra España por los recortes de las ayudas a las energías renovables aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy. Un tribunal de Bélgica ha ordenado bloquear 482 millones de euros a España para garantizar el pago de la indemnización a uno de estos inversores, según confirman fuentes jurídicas vinculadas al caso.

La cantidad retenida procede del dinero que Eurocontrol - el gestor del navegación aérea europeo con sede en Bélgica- debía pagar al grupo estatal español Enaire, matriz de Aena. El embargo ordenado por Bélgica se enmarca en la batalla legal emprendida por OperaFund, que obtuvo en 2019 un fallo favorable del Ciadi, el centro de arbitraje internacional del Banco Mundial, y se le reconoció el derecho a recibir una indemnización del Estado español de 29,3 millones de euros, a los que hay que sumar ahora unos 7,5 millones extra en concepto de intereses de demora.

El fondo OperaFund presentó una demanda ante los tribunales de Bélgica solicitando la intervención de los pagos que el organismo Eurocontrol realiza periódicamente al proveedor estatal español de servicios de control aéreo Enaire. La justicia da luz verde a esta petición, al considerar que el embargo constituye una vía legítima para garantizar la compensación de los afectados por el impago. Como consecuencia de esta decisión de la magistratura belga, se han bloqueado 482,4 millones de euros que, en lugar de transferirse a Enaire, quedan ahora inmovilizados, a la espera de un posible recurso y con vistas a ser transferidos a los acreedores para resarcir las deudas existentes con los acreedores.

Con el escudo de Bruselas

España lleva años sorteando el pago de indemnizaciones millonarias que ha ido acumulando en diferentes cortes de arbitraje internacionales por los recortes a las energías renovables aprobados hace más de una década por el Gobierno de Mariano Rajoy. A modo de condenas por laudos interpuestos por inversores afectados por el ‘hachazo’ retroactivo a las primas a las plantas verdes, el Estado español acumula compensaciones impagadas por unos 1.755 millones de euros (a los que se suman otros cerca de 450 millones en concepto de intereses de demora y costas) y sólo ha ejecutado el abono a un único inversor al agotar todas las vías legales para evitarlo.

La Comisión Europea ha concedido a España una gran escudo para evitar pagar indemnizaciones milmillonarias a las empresas energéticas afectadas por el hachazo a las ayudas a las renovables, pero sólo en el caso de que las compañías sean de alguno de los países de la Unión Europea. Si España paga las indemnizaciones pendientes por demandas de empresas europeas se consideraría una ayuda de estado ilegal, según la nueva doctrina de Bruselas. OperaFund, el fondo que ha conseguido ahora el embargo en Bélgica, tiene sede en Malta, así que Bruselas consideraría ayuda de estado que el Estado español procediera el pago del laudo pendiente.

La Justicia belga desafía así a la Comisión Europea ignorando su mandato de no tramitar las indemnizaciones a entidades con sede en alguno de los estados miembros de la UE. De hecho, el Ejecutivo comunitario ha abierto un procedimiento de infracción a Bélgica precisamente porque sus tribunales mantenían activos los casos amparados al Tratado de la Carta de la Energía, que Bruselas no reconoce para pleitos de empresas comunitarias contra estados miembros.

España hasta el momento sólo ha visto forzada a pagar en una ocasión una indemnización millonaria a un inversor internacional por los recortes a las ayudas a las energías renovables aprobados por el Ejecutivo de Rajoy. Tras años de resistencia por parte del Ejecutivo español a abonar las compensaciones a las que le habían condenado diferentes cortes de arbitraje internacional, los fondos de inversión especializados en gestionar este tipo de pleitos consiguieron el pasado junio romper el bloqueo y encontraron la vía de empezar a cobrar (aunque sólo para una parte muy menor de las indemnizaciones de más de 10.000 millones que se llegaron a reclamar en varias decenas de demandas).

El Gobierno dio por agotadas todas las vías jurídicas para frenar uno de esos casos pendientes y tuvo que ejecutar el abono de un laudo internacional en lo que suponía un punto de inflexión en la gran batalla legal de la última década por el hachazo a las primas que recibían las plantas renovables. El Ejecutivo pagó íntegramente un laudo dictado en 2021 a favor de la compañía japonesa JGC Holdings Corporation, que revendió la gestión del pleito y los derechos de cobro al fondo Blasket Renewable Investment, que controla de hecho la mayoría de los laudos contra España que siguen en marcha. Gobierno y Blasket pactaron el abono de una compensación de 32 millones de euros.

La Comisión Europea ha dado a España una ‘bala de plata’ para sortear los pagos a empresas comunitarias afectadas por los recortes retroactivos de las ayudas a las plantas renovables. Pero los pleitos activados por inversores no comunitarios quedan fuera de ese blindaje y los fondos oportunistas han conseguido romper el cerrojo, por lo que España se expone a tener que pagar compensaciones en total por unos 200 millones de euros en cuatro laudos de inversores no europeos.

Otra vez Bélgica

En julio del año pasado, la compañía japonesa Eurus Energy, filial del grupo Toyota, inició ya un procedimiento similar que también se resolvió a su favor, resultando en un embargo de más de 207 millones de euros. En este proceso, la deuda existente ascendía a 106,2 millones de euros de indemnización pendiente de pago, una cifra a la que se deben sumar otros 9,4 millones en concepto de intereses de demora. Las firmas demandantes del Estado español han obtenido victorias judiciales vía embargos de activos estatales españoles en jurisdicciones como Estados Unidos, Australia, Reino Unido o Bélgica.

Durante la segunda mitad de 2025, los tribunales de Estados Unidos reconocieron y registraron los laudos correspondientes a siete procedimientos: Cube, Watkins, Antin, RREEF, 9REN, NextEra e InfraRed. En total, la justicia estadounidense ha validado una deuda exigible de 691,2 millones de euros, habilitando a los acreedores a activar los mecanismos legales de ejecución disponibles en ese país.

Ante esta cascada de resoluciones adversas, el Gobierno español ha recurrido al Tribunal Supremo, mientras que los inversores han iniciado un procedimiento formal de rastreo de bienes ('discovery order') para identificar activos del Estado susceptibles de embargo dentro de la jurisdicción norteamericana.

Paralelamente, la ofensiva judicial avanza también en Australia. En 2025, el Tribunal Federal dictó una sentencia ordenando la ejecución de cuatro laudos -los de RREEF, 9REN, Watkins y NextEra- por un importe conjunto de 469 millones de euros. La resolución rechazó de forma los argumentos de inmunidad soberana presentados por España y avaló íntegramente las reclamaciones de los demandantes.

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