Galicia celebra el aval de Estrasburgo al control jurídico del pacto con Mercosur

La decisión del Parlamento Europeo en Estrasburgo de someter el pacto UE-Mercosur a control jurídico a través de un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fue celebrada este miércoles desde Galicia. La medida busca garantizar seguridad jurídica antes de la ratificación y evitar que una posible aplicación provisional genere riesgos económicos para los sectores más vulnerables, especialmente la agricultura y la ganadería. Para los sindicatos gallegos, esta decisión es un paso esencial que combina prudencia legal con protección del sector agrario y del tejido productivo.

Desde Unións Agrarias (UUAA), su secretario xeral Roberto García destacó que «poner el proceso bajo control jurídico no es poner palos en las ruedas, sino actuar con responsabilidad», y subrayó que la supervisión del TJUE garantiza reglas claras para el sector agrícola y ganadero. Recordó que, aunque la decisión no frena la aplicación provisional que podría decidir el Consejo de la UE, sí establece un marco legal previo que protege a los más expuestos.

ASAGA y ASAJA valoran la medida como un paso fundamental. Según Francisco Bello, portavoz de ASAGA, el dictamen «permite avanzar en la revisión de un acuerdo que plantea dudas jurídicas y un grave impacto económico para el sector agrario». Desde ASAJA, su presidente Pedro Barato recalcó que «este dictamen servirá para frenar la ratificación de un acuerdo desequilibrado y proteger la viabilidad de miles de explotaciones». Ambas organizaciones reclaman al Gobierno español que defienda la reciprocidad y unas condiciones de competencia justa en la negociación y eventual implementación del pacto.

Impacto y seguimiento

El dictamen del TJUE aún tardará en conocerse y puede modificar, frenar o condicionar la ratificación definitiva del acuerdo UE-Mercosur. Durante este período, UUAA, ASAGA y ASAJA continuarán en contacto con los sectores más afectados, reforzando la representación gallega en los foros europeos y asegurando que cualquier avance del acuerdo se haga con garantías reales, reglas claras y mecanismos de control efectivos.

Este paso pone de relieve la capacidad de la representación agraria en Galicia y España para influir en decisiones europeas de enorme impacto, y confirma que la movilización organizada y la presión institucional son esenciales para proteger un sector estratégico de la economía nacional frente a acuerdos internacionales complejos.