Las comunidades cambian sus leyes para recibir un aluvión de 7.000 millones del Gobierno para invertir en vivienda

Diferentes comunidades autónomas han impulsado reformas legislativas en su normativa de vivienda, especialmente en la de vivienda de protección oficial (o VPO), para adherirse y recibir los fondos del próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que el Gobierno ha anunciado que espera aprobar durante los primeros compases de este año, tras varios meses de retraso por falta de acuerdo con los gobiernos autonómicos. En concreto, regiones como Madrid, Andalucía, Galicia o Asturias han aprobado ya cambios normativos o han anunciado que lo harán en los últimos meses o años.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda, el instrumento estratégico y legal del Ejecutivo para fijar las políticas públicas de vivienda a nivel nacional, aspira a movilizar 7.000 millones de euros, de los cuales 4.200 millones serán aportados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el resto por las comunidades autónomas que se adhieran a él. La cartera liderada por la socialista Isabel Rodríguez fijó antes de final de 2025 la fecha para su aprobación, algo que finalmente no logró al no recabar el consenso de las comunidades autónomas, en especial de las del Partido Popular, que le acusaron de no haberlo negociado.

Sin embargo, ahora algo ha cambiado y es que, después de varias reuniones entre los equipos técnicos del Ministerio de Vivienda y las consejerías, el acuerdo se da por descontado. Tanto es así que algunas comunidades ya han adaptado sus regulaciones a las exigencias del Ejecutivo, que condicionó la entrega de fondos a cumplir, entre otros puntos, con la perpetuidad de la protección en la VPO. Así lo dejó entrever también la ministra Isabel Rodríguez durante su última comparecencia en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados. "Veo cómo poco a poco, a escondidillas, lo van haciendo, están cambiando sus normativas para poner esta previsión", señaló en referencia a este punto.

Madrid, Andalucía, Galicia, Asturias o Canarias cambian su normativa

Algunas comunidades del Partido Popular han incorporado a sus normativas estos puntos. Por ejemplo, Galicia, en el artículo 79.4 de la ley 5/2024, de medidas fiscales y administrativas, que modifica la ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia, incluyó que "el régimen de protección de las viviendas protegidas de promoción pública y de las viviendas protegidas de protección autonómica construidas en un suelo desarrollado por un promotor público, así como de las viviendas protegidas promovidas o rehabilitadas por entidades participadas mayoritariamente por el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, tendrá duración permanente".

Andalucía también incluyó el blindaje de la VPO en la ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de la región. La autonomía legisló que "las viviendas protegidas promovidas por las Administraciones públicas financiadas con ayudas públicas y cuyo destino sea el parque público de viviendas tendrán una duración del régimen de protección permanente", creó el Sistema de Información de Vivienda Protegida de Andalucía para recoger "sistematizadamente la totalidad de las viviendas sujetas a algún régimen de protección" y "la selección de adjudicatarios".

Por su parte, la Comunidad de Madrid tiene en marcha la redacción de un nuevo reglamento de VPO, del que ya hay un texto base. Este va incluso un paso más allá y apunta que, "cuando las viviendas hubiesen obtenido para su promoción o adquisición ayudas económicas con cargo a un plan estatal de vivienda", el plazo de protección aplicable será "el establecido por dicha normativa", en este caso vitalicio, además de que tendrá carácter indefinido aquellas de titularidad pública y promovidas por la propia Comunidad de Madrid.

En el caso de Asturias, gobernada por el PSOE, tiene en tramitación su propia ley de vivienda, que, en su anteproyecto, apunta que las viviendas protegidas calificadas en la región tendrán "un régimen jurídico permanente, sin posibilidad de descalificación ni exención de los límites de uso, precio o transmisión", con el fin de "garantizar la estabilidad, asequibilidad y destino social del parque protegido, asegurando su función como instrumento estructural de las políticas públicas de vivienda". Adicionalmente, la comunidad deja por escrito que el régimen de protección permanente será "igualmente aplicable a las viviendas promovidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley siempre que formen parte del patrimonio del Principado de Asturias, cualquiera que haya sido su forma de incorporación".

Suscríbete para seguir leyendo