Galicia impulsa garantías para proteger al sector agroganadero ante el acuerdo UE-Mercosur

La reciente firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, aún pendiente de aplicación provisional, ha generado preocupación en el sector agroganadero europeo, especialmente en Galicia, donde la dependencia de insumos importados aumenta la vulnerabilidad de las explotaciones frente a la volatilidad de precios. Ante este contexto, la Xunta, junto con la Asociación Agraria de Galicia (ASAGA) y Unións Agrarias (UUAA), firmaron este jueves una declaración conjunta para exigir una aplicación práctica reforzada del tratado y de sus cláusulas de salvaguarda, asegurando la protección efectiva del sector primario gallego.

La reunión, presidida por Alfonso Rueda y acompañada por la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, contó con la participación del secretario general de UUAA, Roberto García, y del presidente de ASAGA, Francisco Bello. Según explicó Gómez, el acuerdo firmado hoy contempla peticiones muy explícitas para las instancias europeas y el Gobierno central, entre ellas un plan reforzado y verificable de controles en frontera, auditorías en origen y la activación inmediata de medidas cautelares. La conselleira subrayó que la aplicación práctica del tratado debe permitir intervenir ante daños limitados a una zona geográfica concreta, como Galicia, sin esperar a un problema general a nivel europeo.

Gómez recordó también las medidas que ya está implementando la Xunta dentro de sus competencias, como la creación de una comisión interdepartamental para reforzar los controles sobre importaciones, el impulso de la promoción interna de productos gallegos y la puesta en marcha del Observatorio de Precios, iniciado con una visita a Mercagalicia. Estas acciones buscan aumentar la autonomía alimentaria y la base territorial de las explotaciones, reduciendo la dependencia de insumos importados que puedan generar inestabilidad de precios. Además, la conselleira destacó la labor de consenso de la Xunta en relación con la futura PAC post 2028, plasmada en un documento que será aprobado en el pleno del Consejo Agrario y remitido al Ministerio de Agricultura, mostrando el rechazo a la propuesta de la Comisión por recortes superiores al 22 % y por no blindar la arquitectura actual de ayudas directas y desarrollo rural.

Por su parte, los representantes de los sindicatos agrarios enfatizaron que el acuerdo UE-Mercosur debe entenderse no solo como una vía de importación de productos finales, sino también como una herramienta para garantizar abastecimiento, estabilidad de precios y seguridad alimentaria, con mecanismos ágiles y estrictos de control. Francisco Bello, presidente de ASAGA, resaltó la elevada dependencia de Galicia de insumos importados para la alimentación de aves y porcino (91 %), vacuno de leche (41 %) y vacuno de carne (26 %), lo que aumenta la vulnerabilidad de las explotaciones ante la volatilidad de costes y afecta al equilibrio territorial del modelo productivo europeo.

Entre las demandas dirigidas a la UE y al Gobierno central se incluyen la creación de una unidad de seguimiento especializada, la elevación inmediata de sospechas de incumplimiento, el refuerzo de los controles fronterizos y sanitarios, y la inclusión de más indicativos de calidad gallegos en las DOP e IXP protegidas por el acuerdo. También se solicita incrementar el fondo de contingencia para crisis y reforzar la financiación en la nueva PAC, con el objetivo de mitigar posibles efectos negativos sobre el sector primario.

La declaración conjunta recoge además los compromisos asumidos por la Xunta, ASAGA y UUAA, como el refuerzo de la promoción y exportación de productos gallegos, la implementación de un procedimiento de escalado rápido para alertas, el desarrollo de planes complementarios a los controles europeos y nacionales, y el impulso de la autonomía alimentaria y la base territorial de las explotaciones. El documento será trasladado próximamente a la Comisión Europea, al Parlamento comunitario, al Gobierno de España y a la Representación Permanente de España ante la UE, con el objetivo de garantizar una protección efectiva y reforzada del sector agroganadero gallego.