La patronal eólica gallega clama contra un «atasco» judicial que lastra la competitividad
La Asociación Eólica de Galicia denuncia que más de un centenar de proyectos están pendientes de la resolución del TSXG
Aerogeneradores de un parque eólico gallego / Carlos Castro
La Asociación Eólica de Galicia reclama el desbloqueo inmediato de los proyectos renovables paralizados, la modernización y ampliación de las redes eléctricas y una trasposición ágil del principio de «interés público superior» recogido en la directiva europea de 2023.
El sector denuncia un atasco regulatorio que mantiene varados más de 4.000 megavatios —el equivalente a toda la potencia instalada en los últimos treinta años— por resoluciones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pese a los pronunciamientos favorables del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La patronal advierte de que este freno tiene consecuencias directas en las emisiones y en la competitividad. Según el Observatorio Galego de Acción Climática, la generación eléctrica con gas elevó un 10 % las emisiones en Galicia el pasado año, mientras que en el conjunto de España los picos de consumo de gas han crecido un 23 % en la última década.
Tras el cierre de las centrales térmicas de Central térmica de As Pontes y Central térmica de Meirama, el despliegue eólico debía consolidar la transición energética, pero más de un centenar de proyectos siguen pendientes de resolución judicial.
Los datos de Red Eléctrica de España sitúan a Galicia en el furgón de cola en crecimiento de capacidad eléctrica, con apenas un 1 % de aumento reciente.
Parálisis con consecuencias
Para el sector, esta parálisis compromete la llegada de nuevas industrias vinculadas al hidrógeno verde, el biometano y los centros de datos asociados a la inteligencia artificial, grandes consumidores de electricidad renovable.
Frente al impulso desarrollado en Aragón, Galicia —advierten— está perdiendo oportunidades estratégicas de reindustrialización. La eólica, subrayan, no solo reduce emisiones y refuerza la soberanía energética, sino que también abarata el precio de la luz y resulta decisiva para el futuro económico de la comunidad.
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