La insolvencia de los hogares impulsa el alza de concursos en Galicia, que crecen un 27,5 %

El aumento de las dificultades económicas en los hogares gallegos empieza a reflejarse con claridad en los juzgados. Los órganos judiciales de Galicia registraron en 2025 un total de 2.961 concursos de acreedores, lo que supone un incremento del 27,5 % respecto al año anterior y consolida una tendencia al alza que se mantiene desde 2020.

Detrás de este crecimiento está, sobre todo, el aumento de los procedimientos iniciados por personas naturales sin actividad empresarial, que subieron un 34,5 %, pasando de 1.938 a 2.606 casos. Este dato confirma que cada vez más particulares recurren a la vía judicial para hacer frente a situaciones de endeudamiento o insolvencia. En cambio, los concursos de empresas descendieron un 13,7 %, mientras que los de personas empresarias aumentaron ligeramente.

Según el informe del Consejo General del Poder Judicial, la comunidad registró 109,1 concursos por cada 100.000 habitantes, una cifra inferior a la media estatal, situada en 152,2. El cambio normativo introducido por la Ley Orgánica 7/2023 también ha influido en el análisis de estos datos, al trasladar la competencia de muchos de estos procedimientos a los juzgados de lo mercantil.

En paralelo, otros indicadores muestran una evolución diferente. Las demandas por despido descendieron un 4,1 %, hasta situarse en 6.118, mientras que las reclamaciones de cantidad también bajaron un 3,3 %. A su vez, los procedimientos monitorios, utilizados para reclamar deudas, cayeron un 17,3 %, lo que apunta a una menor litigiosidad en este ámbito.

En materia de vivienda, los datos reflejan una ligera mejora. Los juzgados practicaron 1.046 lanzamientos, un 12,2 % menos que en 2024, la mayoría derivados de impagos de alquiler. También descendieron las ejecuciones hipotecarias, aunque en menor medida, con un aumento del 7,1 % en los procedimientos iniciados. Por su parte, las demandas por ocupación ilegal de vivienda bajaron un 18,5 %, con 66 casos registrados en toda la comunidad.

El informe incluye además por primera vez datos sobre la suspensión de lanzamientos por vulnerabilidad, con 104 solicitudes registradas en el último trimestre del año y 94 resueltas, lo que ofrece una primera aproximación al impacto de las medidas de protección social.

En conjunto, las cifras dibujan un escenario complejo: mientras crecen los problemas de insolvencia personal, especialmente entre particulares, otros indicadores laborales y de vivienda muestran una cierta contención. Una fotografía que refleja los desequilibrios de la economía real y el papel creciente de los juzgados como vía de salida para quienes atraviesan dificultades financieras.